La Fiscalía del Tribunal Supremo griego ha transferido hoy al Parlamento griego una demanda contra el exministro de Finanzas Yanis Varoufakis por su “actuación durante la negociación” con los acreedores, que en su opinión podría constituir un delito de “alta traición”.
La Cámara deberá evaluar ahora si sus actos estuvieron dentro de los límites del cargo de ministro de Finanzas o si hay motivos suficientes para iniciar una investigación al diputado, para lo que se le retiraría la inmunidad parlamentaria.
La demanda fue presentada por un abogado y el alcalde de una pequeña ciudad costera helena, que a su vez es el líder de un partido sin representación parlamentaria, antes de que se publicaran las últimas revelaciones sobre un supuesto plan B ideado por el exministro.
Concretamente, los demandantes consideran que Varoufakis incurrió en el delito de alta traición al haber violado con su actuación durante todas las negociaciones el mandato del pueblo tras las elecciones, que era negociar con los acreedores un acuerdo para sacar el país de la recesión.
Mientras el Parlamento delibera sobre esta primera demanda, un grupo de cinco abogados prepara un segundo pliego de acusaciones, el cual sí está relacionado directamente con las recientes revelaciones publicadas en el diario griego ‘Kathimerini’ sobre el supuesto ‘plan B’ para que Grecia saliera del euro y regresara al dracma que podrían constituir el delito de revelación de datos personales.
En un artículo publicado hoy en el Financial Times, Varoufakis explica que su plan B para rescatar la economía de Grecia respondía a las restricciones a la soberanía impuestas por las autoridades de la eurozona.
En su texto, el diputado afirma que las medidas que sopesó para restablecer la liquidez del Estado griego, asfixiado por las deudas y sin acceso a los mercados internacionales, fueron ignoradas por la prensa cuando las dio a conocer al anunciar su dimisión el 6 de julio pasado.
“Hay una espantosa restricción de la soberanía nacional impuesta por la ‘troika’ de prestamistas a los ministros griegos, a los que se niega acceso a departamentos de sus ministerios clave para introducir políticas innovadoras”, sostiene.
“Cuando la pérdida de soberanía, debida a una deuda oficial insostenible, da lugar a políticas subóptimas en naciones ya bajo presión, uno sabe que hay algo podrido en el reino del euro”, añade.
En el artículo, Varufakis detalla las medidas que su ministerio estudió para afrontar los problemas de liquidez del Estado y sistema bancario griegos, que incluían acceder (al margen de la ‘troika’) a los datos fiscales de ciudadanos y empresas para crear un sistema alternativo de pagos que permitiera cancelar deudas mediante la emisión de pagarés que podrían redimirse posteriormente, por ejemplo, contra el pago de impuestos.
“Nuestra simple idea era una cancelación multilateral de la deuda impaga entre el Estado y el sector privado (ciudadanos y empresas) usando la plataforma digital de pago existente de la oficina de impuestos”, explica.
La intención era crear “una cuenta de reserva” con el NIF (número fiscal) de cada ciudadano y compañía donde se les reconocería la deuda pendiente del Estado, de modo que el contribuyente hubiera podido “transferir esos créditos desde su cuenta de reserva al mismo Estado (en lugar del pago de impuestos) o a otra cuenta de reserva”.
El economista argumenta que, debido a la ausencia de un banco central que respalde al Estado, la morosidad del Gobierno griego con el sector privado “ha sido perpetuamente deflacionaria desde 2008″ y deriva en un círculo vicioso que afecta a la recaudación de impuestos y resulta en una falta de liquidez.
En una segunda fase de su plan, que no se llegó a estudiar a fondo, se hubieran introducido aplicaciones de móvil y unas tarjetas ciudadanas para facilitar las transacciones y la amplia implantación entre la ciudadanía.
Este sistema de pago alternativo, prosigue Varufakis, se habría podido “desarrollar como sustituto ante la falta de mercados de deuda pública funcionales”, especialmente durante una crisis crediticia como la que afecta a Grecia desde 2010.
Así, “los agentes del sector privado habrían podido tener la posibilidad de comprar pagarés de crédito en la misma web de la oficina fiscal, usando sus propias cuentas bancarias, y agregarlos a sus cuentas de reserva”, explica.
“Estos créditos podrían utilizarse, por ejemplo, al cabo de un año para pagar impuestos con alguna desgravación”, precisa.
“Siempre que hubiera un tope al total de pagarés de crédito emitidos y su magnitud fuera totalmente transparente, el resultado sería un aumento fiscalmente responsable de la liquidez del Gobierno y un camino más rápido de regreso a los mercados financieros a los que Gobiernos como el de Grecia han perdido acceso”, razona en el artículo.
La polémica se ha desatado en Grecia por la cuestión de que, para acceder a los datos de los contribuyentes, Varoufakis iba a tener que hackear la web de la Secretaría General de Ingresos Públicos, que, según sostiene, estaba controlada por los acreedores de la Unión Europea y el FMI.
El plan de Varoufakis, diseñado para hacer frente a una eventual asfixia por parte del Banco Central Europeo (BCE), que finalmente ocurrió, no llegó a ser activado porque no contó con la aprobación del primer ministro, Alexis Tsipras.
Para Varufakis, el interés manifiesto de ciertos medios griegos y europeos en tergiversar las informaciones e insistir en presentar su paso por el Gobierno como un intento de sacar a Grecia del sistema euro es claro, lo quieren hundir a toda costa: “el establishment pro troika no tiene reparo alguno en castigarme por haberla expulsado del ministerio”.
