viernes, 4 de octubre de 2013

Colombia: Asesinan a dirigente del Coordinador Nacional Agrario La Vía Campesina

 

El día de ayer se formalizó la denuncia, ante la opinión pública nacional e internacional, del asesinato de la defensora de derechos humanos y lidereza campesina, Adelina Gómez, quien era parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA miembro del Coordinador Nacional Agrario- CNA, CLOC- Vía Campesina. Adelina fue asesinada el pasado 30 de septiembre en el municipio de Almaguer Cauca.
Adelina dedicó su vida al trabajo comunitario y a la lucha social, formó parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el Foro Minero y Ambiental en el municipio de Almaguer en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas. Por tales antecedentes, ella había recibido amenazas de muerte para que deje de participar en actividades en contra de la minería.

Al conocer este hecho las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca llamaron la atención del Gobierno Colombiano sobre la difícil situación de derechos humanos que viven hoy las mujeres en el departamento y la situación de quienes ejercen la labor de defensa de los derechos. El observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED, registra en lo que va corrido de este año, el homicidio de 15 mujeres en el Cauca, el 40% de éstos hechos en el macizo colombiano, entre ellas dos liderezas campesinas, y el homicidio de 14 líderes sociales defensores de los derechos humanos en hechos presentados fundamentalmente en zonas rurales de este departamento. De igual manera, el registro de 12 amenazas individuales contra defensores, 5 de ellas mujeres.

Por otro lado, el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, CNA, CLOC- Vía Campesina invitaron a las organizaciones sociales hermanas y los organismos de DDHH a solidarizarse y pronunciarse ante este repudiable hecho y ante la difícil situación de las mujeres y los defensores y defensoras de los derechos humanos del departamento del Cauca.

La Secretaria Operativa de la CLOC- Vía Campesina manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Adelina, a la vez que expresó su repudio ante este hecho, y se sumó al pedido de justicia para que se investigue y judicialice a los responsables, además se resaltó la importancia de articular esfuerzos para denunciar la criminalización de la lucha campesina, que en muchos casos termina en la muerte, no se puede seguir naturalizando la impunidad en el continente.
Asimismo, desde la CLOC- Vía Campesina Colombia, Nury Martinez, planteó la importancia de iniciar una campaña de solidaridad con los presos políticos en Colombia y América Latina, como es de conocimiento público, Huber Ballesteros, vicepresidente de Fensuagro está preso junto con otras 262 personas, desde que se inició el Para Agrario y Popular, y a pesar de los diálogos con el Gobierno no se logrado su liberación. Con la intensificación de la criminalización de la lucha campesina y la violación sistemática de los derechos humanos, miles de hombres y mujeres son acusados de terrorismo y privados de su libertad, por lo cual debemos potenciar nuestra articulación para visibilizar y denunciar estos hechos, concluyó.

prensarural.org

Ecuador: Protestan contra decisión parlamentaria de explotar lote ITT en el Yasuní

Servindi, 4 de octubre, 2013.- Con la asistencia de grupos a favor y en contra de la explotación del Parque Nacional Yasuní en el Parlamento, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el jueves la explotación petrolera de los bloques 31 y 43. 
Luego de diez  horas de exposiciones y debates, la Asamblea Nacional, con 108 votos a favor y 25 en contra, declaró “de interés nacional” la explotación de los lotes ubicados en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).
La declaratoria fue posible con el voto de la mayoría de congresistas del partido oficialista que terminaron de este modo dando luz verde a la polémica extracción de 920 millones de barriles de petróleo estimados en ambos bloques.

No explotarán zona intangible

La resolución aprobada ayer dispone, en su artículo segundo, que se excluirá a la “Zona Intangible Tagaeri-Taromenane” de la explotación petrolera, a cargo de la empresa nacional Petroamazonas.
Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aseguró que se podría extraer crudo de la zona intangible mediante la realización de “pozos horizontales”.
“De tal manera que esta zona no puede ser intervenida. Han dicho de manera técnica que mediante una intervención horizontal subterránea se podrían extraer esos recursos”, afirmó Rivadeneira.
Por su parte, el ex vicepresidente de la estatal petrolera Petroindustrial, Edmundo Brown, dijo que los pozos horizontales permitirán realizar la explotación sin perforar pozos verticales sobre el yacimiento, por lo que el impacto ambiental en a zona intervenida se reduciría.
Sin embargo, el asesor de la Asamblea en temas petroleros, Fernando Villavicencio, señaló que la mencionada técnica sí conlleva un impacto ambiental porque implica la realización de exploración sísmica en la zona donde se extraerá el crudo.
Como en esta clase de pozos la distancia entre la plataforma y la zona donde se busca petróleo no puede ser mayor de tres kilómetros, el especialista afirmó que no se respetará la zona de amortiguamiento de 10 kilómetros que rodea a la “zona intangible”.
Por todo ello calificó de “juego mediático y de palabras” la propuesta del Gobierno.

Monitoreo de impactos

La declaración aprobada dispone también que el Gobierno instalará un sistema de monitoreo integral del impacto ambiental que tenga la explotación petrolera, así como un programa de investigación del patrimonio cultural del Parque Yasuní.
De igual manera, se estableció la creación de un programa de investigación sobre el patrimonio cultural del parque natural.

Inesperado discurso

Uno de los testigos llevados por la Comisión de Biodiversidad para que dé su testimonio a favor de la explotación resultó dejando de lado el discurso que tenía escrito y expresó el desacuerdo de su pueblo con la actividad petrolera.
Se trata de la vicepresidenta de la nacionalidad Waorani del Ecuador, Alicia Cawiya, quien afirmó que los líderes waoranis rechazan la explotación de petróleo.
“Siete empresas trabajaron en tierra waorani y más pobres hemos quedado. ¿En qué nos ha beneficiado? En nada. Tienen que recompensar la tierra waorani”, dijo en el hemiciclo.
“¿Por qué murieron los Taromenane? ¡Por abrir las carreteras! Déjennos vivir como queremos. Es nuestra propuesta”, sentenció la dirigente.

Otras noticias:

Estados Unidos llegará al “punto de idiotez extrema” pero podrá salvarse según Warren Buffet


RIA NOVOSTIEl inversor estadounidense Warren Buffet, número cuatro en la lista global de milmillonarios de Forbes, declaró el jueves que los debates en torno al incremento del techo de la deuda pública situaron a Estados Unidos en el límite de la “idiotez extrema”, pero será posible evitar a última hora un default.


“Rozaremos el punto de idiotez extrema pero sin sobrepasarlo”, señaló Buffet al comentar la situación en una entrevista con la televisión CNBC.

A menos que los congresistas suban para el 17 de octubre el límite del endeudamiento, habrá que declarar una suspensión de pagos, alertó anteriormente el Tesoro estadounidense.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió la víspera de que una situación de impago en Estados Unidos “podría causar un grave daño a toda la economía global, no solo la estadounidense”.

En la medianoche del lunes se anunció el cierre parcial de la Administración estadounidense por falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto de los departamentos y agencias federales en el nuevo ejercicio fiscal que empezó el 1 de octubre. Esta medida sin precedentes en los últimos 17 años afecta a unos 800.000 funcionarios que se vieron obligados a tomar vacaciones indefinidas y sin paga.

argenpress.info

España, el país de los 200.000 desaparecidos

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.


Mural con fotografías de desaparecidos por la represión franquista que los afectados colocaron a las puertas del hotel de Sevilla donde fueron recibidos por los miembros del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU.
Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.
En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.
Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.
A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Florentina Rodríguez enseña la foto de su abuela Ana Ricarda, desaparecida en 1936 en Córdoba, minutos antes de exponer su caso ante los representantes de la ONU.
Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.
Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.
Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.
Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.
Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

El matrimonio Eduardo Raya y Gloria Rodríguez a las puertas del hotel sevillano donde los representantes de la ONU atendieron a los afectados por desapariciones en Andalucía.
Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.
Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.
La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real
El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.
De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática has la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune.

Víctimas y tierras en Colombia (II)

 
Sergio De Zubiría Samper / Viernes 4 de octubre de 2013

 
 
La magnitud, persistencia y profundidad del proceso de despojo de tierras en Colombia impone grandes desafíos a las políticas públicas para enfrentar la victimización masiva. El Estado y la sociedad tienen que tomar la decisión sobre qué proporción del daño, cómo y en qué periodo de tiempo se van a reparar a las víctimas de los territorios agrarios. Tenemos que avanzar hacia una economía política de la memoria y la reparación. El destino de la reconciliación colombiana pasa por políticas razonables de justicia restaurativa con las víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes. La mayoría de los hogares despojados o desplazados son de la anterior procedencia.

Los retos para instaurar una política pública frente a estos millones de compatriotas son complejos y exigentes. La primera condición es el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, comprendida como la consecuencia derivada del incumplimiento de una obligación preexistente, ya que tiene la obligación imperativa de garantizar los derechos humanos. Además, porque el reconocimiento de responsabilidad estatal es, en sí mismo, una parte fundamental de la reparación integral.

“Los tribunales internacionales y domésticos que interpretan los instrumentos internacionales contentivos del derecho a la reparación lo fundamentan en el reconocimiento o la declaración de responsabilidad” (Lozano, C.). Por lo menos en tres ámbitos es necesario sustentar esta política de restauración y reparación de las víctimas: la memoria desde las víctimas, la dimensión política y el ámbito jurídico.

Memoria y víctimas

El deber de la memoria exige crear una cultura de la memoria desde las víctimas. No cualquier memoria, ni historias oficiales, sino aquella que otorga la autoridad de las víctimas. Para Reyes Mate, cuatro son los motivos que otorgan esa autoridad a las víctimas. El primero, asumir que el pasado de las víctimas forma parte ahora de nuestro presente colectivo. El segundo, aceptar que de la historia hay dos lecturas diferentes. Lo que para unos es “progreso”, para otros es catástrofe. No coincide la historia de los vencedores con la de los oprimidos. Tercero, el valor incuestionable de los testigos y el testimonio directo.

Cuarto, una invitación a repensar la extensión de la responsabilidad, porque no sólo somos responsables de lo que hacemos como individuos, sino también del daño causado al hombre por el otro hombre. “Esta ampliación de responsabilidades se explica por la naturaleza misma de la memoria moral”. En su reciente discurso ante la ONU, José Mujica, presidente de Uruguay, lo plantea de forma magistral: “los indigentes no son de África o América Latina, son de la humanidad toda”.

La memoria recobrada en relación con violaciones a los derechos humanos tiene efectos reparadores en términos de verdad, justicia y no repetición. La posibilidad de la verdad individual y colectiva es condición ineludible de toda forma de justicia transicional. Las víctimas tienen derecho a esa verdad como reelaboración colectiva sobre ese pasado traumático. La justicia deja de ser un asunto exclusivamente penal y se experimentan formas de justicia correctiva y restaurativa. El compromiso de no repetición abre el horizonte de la esperanza y la paz, porque lo reparador conlleva también lo transformador.

La política de reparación tiene que atender todas las acciones que logren el florecer de las memorias de las víctimas. Apoyar una cultura de la memoria, comisiones de la verdad, tribunales, lugares de la memoria, juegos para la memoria, testimonios, imágenes, intervenciones arquitectónicas, medios de comunicación, discursos, investigaciones para la memoria, etc.

“Es el caso de iniciativas llevadas a cabo por las propias víctimas tales como el Tribunal de la Memoria, el Catastro Alternativo de Despojo de Tierras, los Centros Locales de Memoria Histórica, actividades performativas de recordación, pedagogías locales de la memoria, elaboración y promoción de propuestas sobre la comisión de la verdad sobre la persecución sindical, conservación de archivos con propósitos de evitar la impunidad e implementación de comisiones de esclarecimiento histórico” (Vargas, F.).

Reparación política y judicial

En Colombia la memoria de los sobrevivientes tiene necesaria relación con las transformaciones políticas por las cuales fueron victimizados. Sus luchas y promesas quebrantadas tienen un claro contenido político, porque fueron por transformar las injusticias económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad colombiana. Fueron victimizados por oponerse a algún aspecto del statu quo.

La superación del olvido es la primera condición para volver a recuperar el contenido de sus horizontes políticos. Un caso emblemático es el genocidio de la UP, porque no sólo se masacraron sus militantes sino su proyecto político. Fue este tal vez el movimiento que más relevó, en la década del 80 del siglo XX, la necesidad de una asamblea constituyente para transformar de raíz la moribunda Constitución de 1886.

La reparación de las víctimas de las tierras será el reconocimiento como sujetos políticos y de las identidades de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. En su conciencia social emerge la necesidad de transformar el modelo impuesto de desarrollo rural y la esperanza de reconstruir la vida en el campo respetando la vida, la diversidad y la naturaleza.

Los desafíos jurídicos para consolidar una política pública también son enormes. Empiezan con la concepción jurídica de la víctima, que en ciertas formulaciones actualmente existentes (Ley de Justicia y Paz) excluye a las personas que han sido victimizadas por el Estado y considera víctimas a los miembros de las fuerzas armadas; y continúan con la delimitación de los derechos sustantivos y procesales de las víctimas.

También tendremos que postular judicialmente la progresividad del registro de víctimas, el papel de los jueces agrarios, hacer efectiva la inversión de la carga de la prueba, decretar medidas cautelares, la aplicación de la buena fe exenta de culpa, el carácter transicional del procedimiento, entre muchos otros. El debate apenas se inicia, pero la memoria de las víctimas exige todo el cuidado de la sociedad.

prensarural.org

APDHA-Sevilla indignada por el fallecimiento de Pietr Piscozub, una muerte evitable

APDHA-Sevilla indignada por el fallecimiento de Pietr Piscozub, una muerte evitableNos indigna, de igual manera, ver como las autoridades autonómicas y municipales rivalizan en afirmar haber cumplido sus obligaciones y en lamentar lo que han llamado “el desgraciado caso extremo”...

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla (APDHA) se siente indignada por el fallecimiento de Pietr Piscozub. Nos indigna, de igual manera, ver como las autoridades autonómicas y municipales rivalizan en afirmar haber cumplido sus obligaciones y en lamentar lo que han llamado “el desgraciado caso extremo”.
 
No es momento de lamentaciones y menos de alardes del deber cumplido. Es momento de, sin esperar resultados de autopsia o la investigación judicial, asumir responsabilidades. Pietr era un ser humano,  y como tal, sujeto de obligaciones y derechos. Sin embargo vivía, como tantas otras personas, en una situación de exclusión, tirado en las calles de una ciudad con unas administraciones que dan las espaldas a la satisfacción de los derechos más básicos. Es por ello que la investigación judicial debe llegar hasta el fondo, descubrir a los responsables que han incidido en su vida y muerte, depurar responsabilidades y señalar sanciones y fórmulas de reparación.
 
Pietr murió en la soledad, en el albergue municipal de Perafán de Rivera,  acompañado de muchas personas, pero al fin y al cabo solo.  Anoche pudimos comprobar que el  cadáver de Pietr se encuentra en el Instituto Anatómico Forense sin que, hasta este momento, nadie se haya hecho cargo de él.
 
Desde la APDHA exigimos a las administraciones y les advertimos de la obligación que tienen de erradicar de esta ciudad todo signo de marginación y exclusión.
 
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1212&Itemid=63

La OIT denuncia que 2.000 millones de personas no tienen un empleo decente

La OIT denuncia que 2.000 millones de personas no tienen un empleo decente
  El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Joaquín Nieto, ha denunciado este viernes que, de los 3.000 millones de trabajadores que hay en todo el mundo, 2.000 millones no cuentan con un empleo decente, carente de derechos y de protección social.

Agencias

Nieto, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha advertido de que el desafío del empleo "no es una cuestión menor" y de que los gobiernos deberían poner en el centro de la economía a las personas "y no el beneficio de unos pocos".

   Según ha resaltado, entre 40 y 50 millones de jóvenes buscan empleo cada año sin encontrarlo, por lo que, sólo para mantener la actual cifra de paro juvenil (74 millones de desempleados en todo el mundo), haría falta crear 250 millones de nuevos empleos en cinco años.

   Nieto ha alertado de que será "imposible" resolver los desequilibrios fiscales si crece el paro, por lo que ha instado a los gobiernos a reorientar sus políticas económicas para estimular la creación de empleo. "Si continúan las políticas actuales, no va a haber generación de empleo con cierta consistencia", ha dicho.

   Sobre la reforma laboral, el director de la oficina de la OIT en España ha señalado que "está por ver" si esta reforma ha creado empleo. "Difícilmente se puede decir que sea así", ha apuntado Nieto.

"NO SE PUEDE SALIR DE LA CRISIS SIN DIÁLOGO SOCIAL".

   El director en España de la OIT ha subrayado además que la experiencia internacional demuestra que el deterioro de las condiciones de trabajo no da lugar a una economía más competitiva, sino a una "más precaria", por lo que no parece que sea "una vía inteligente" seguir por este camino.

   Nieto ha avisado además que Europa no se puede salir de la crisis "país por país", sino unida, y que para hacerlo lo primero es apostar por políticas creadoras de empleo. Lo segundo, ha añadido, es acometer la reforma financiera pendiente para que fluya el crédito y, en tercer lugar, fomentar el diálogo social. "No se puede salir de una crisis sin dialogar con la sociedad, porque la sociedad tiene ideas", ha resaltado.

   Asimismo, y en relación con la crisis de "representatividad" que existe en España y en otros países europeos, Nieto considera que, en lo que concierne a los sindicatos, el que hubiera diálogo social con "más o menos resultados" ayudaría a mejorar una representatividad que, en el ámbito de las empresas, considera que es "incuestionable".

700.000 personas emigran de España fruto de una crisis capitalista sin precedentes

Se eleva a 700.000 la cifra de españoles que han emigrado al extranjero con la crisis capitalista entre 2008 y 2012, según un informe de la española Fundación Alternativas.
El informe, cifra en 700.000 el número de españoles que se han marchado al extranjero, frente a los datos de las fuentes oficiales en el mismo periodo de tiempo, que subestiman en 225.000 este fenómeno.
“Aunque desde el Gobierno se ha minimizado la magnitud de la nueva emigración española y se han usado eufemismos como ‘movilidad exterior’ para referirse a él, aludiendo al ‘espíritu aventurero’ de nuestros jóvenes’ como una de sus causas, es evidente que la emigración de españoles, sin ser masiva, está aumentando con y por la crisis”, versa el comunicado.
El citado informe que concluye que España no está midiendo correctamente el fenómeno de la emigración por la crisis, se basa en la comparación de los datos de inmigración de los países de destino con los que ofrecen las fuentes españolas.
El informe también refleja que los datos del Reino Unido y Alemania, dos de los cinco países de destino preferente de la emigración desde España, “indican no sólo que los que están emigrando son muchos más de lo que dicen las cifras españolas sino que además, su número no deja de aumentar”.
Según el informe, España pasa en 3 años de ser el decimocuarto país emisor de emigrantes laborales al Reino Unido a convertirse en el segundo en 2013, sólo por detrás de Polonia.
La crisis que vive España desde 2008 y las medidas neoliberales del Gobierno han provocado índices de desempleo récord, privatizaciones, recortes laborales y masivas protestas ciudadanas.
Hispan TV 

Celac rechaza en ONU criminalización de migrantes



Naciones Unidas, 3 oct (PL) La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó en Naciones Unidas la adopción de regulaciones y medidas que criminalicen a los migrantes, incluidos aquellos con estatus irregular.

A nombre del bloque de 33 países, Cuba en su condición de presidenta pro témpore, intervino a través de su representante permanente en la ONU, Rodolfo Reyes, en el Diálogo sobre Migración y Desarrollo instalado aquí.

La Comunidad fundada en diciembre de 2011 reiteró su llamado a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a poner fin a los excesivos períodos de detención de migrantes que no han cometido ningún crimen.

Además, en la inauguración del foro de dos días, convocó al respeto incondicional de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas personas, independientemente de su condición migratoria.

"Instamos a la eliminación de leyes que basadas en objetivos políticos discriminan a los migrantes y estimulan el tráfico humano (...), causando la pérdida de vidas. Este tipo de acciones favorecen el racismo, la discriminación y la xenofobia", advirtió.

En otro momento de la intervención del embajador cubano, el bloque integracionista latinoamericano y caribeño insistió en sus preocupaciones por el continuo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes y sus familiares, así como la ausencia de garantías para sus derechos básicos.

 Esta situación ha empeorado con las crisis económica, financiera y ambiental en curso, señalaron los países agrupados en Celac.

 Por otra parte, la Comunidad resaltó la importancia de incluir la cuestión de los migrantes en la agenda de desarrollo post-2015 que perfila la ONU, al cumplirse en ese año el límite fijado en la llamada Cumbre del Milenio de Nueva York, en 2000, para alcanzar ocho objetivos antipobreza y de inclusión social.

 El Diálogo de Alto Nivel de dos días se enmarca en el 68 período de sesiones de la Asamblea General y tiene como propósito abordar medidas concretas para que se potencien los beneficios de la migración y se reduzcan sus implicaciones negativas.

 Datos de la ONU reflejan que la cifra de migrantes internacionales llegó este año a 232 millones, mientras que en 2012 se reportaron remesas por más de 400 mil millones de dólares, casi cuatro veces la cantidad de dinero de la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos a los pobres.

 Pese a este aporte económico, la Celac alertó que no debe considerarse un reemplazo a la inversión extranjera directa y a la ayuda oficial al desarrollo.

"Son ellos o somos nosotros": argentinos luchan contra la llegada de Monsanto

 

Los activistas argentinos no escatiman esfuerzos para luchar contra la llegada de Monsanto a Córdoba. Ahora sus protestas están dando sus frutos: después de que bloquearan la carretera frente a la planta, la multinacional tuvo que parar las obras.
El anuncio de la llegada de Monsanto a esa zona se produjo el año pasado y provocó la indignación de grupos ambientalistas, activistas y de los asambleístas del municipio cordobés de Malvinas Argentinas. 

Desde entonces los activistas salen a las calles para protestar contra los peligros de contaminación ambiental que entraña la construcción de la planta. 

El nivel de las protestas se incrementó hace dos semanas, cuando los manifestantes instalaron un campamento, cortando parcialmente la ruta 88, e impidiendo el paso de camiones con materiales de construcción. 

A principios de esta semana la situación llegó a una situación límite por los violentos enfrentamientos entre agentes de la Policía y activistas, que provocaron la detención de dos manifestantes (luego liberadas), mientras que otra activista, Sofía Gatica, resultó herida, informan los medios locales

"No vamos a permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija", declaró Gatica, mujer que perdió a su hija al poco de nacer debido a una malformación en su riñón por culpa de los productos transgénicos y ahora lucha contra Monsanto. 

Por su parte, el movimiento Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que dirige la movilización, exige "una consulta popular en la que los vecinos puedan decidir si quieren o no la instalación de Monsanto". 

Las protestas parecen estar dando sus frutos. Así, los choques de esta semana terminaron con la suspensión de las obras de la multinacional debido a la falta de materiales por el bloqueo del ingreso de camiones, lo que fue confirmado por el gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, Adrián Vilaplana. En un comunicado, la compañía condenó el bloqueo que "avasalla, vulnera y viola el derecho a trabajar".




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España - Desmontando la Sanidad Pública

 Pablo Vaamonde | La OMS Afirma Que Invertir en Salud Pública es rentable: se atajan las dolencias evitables y SE MEJORAN los Indicadores de Salud, Produciendo sin incremento de la Capacidad Laboral y de la Productividad.

Los Expertos no Tienen Duda: El Derecho a la Asistencia Sanitaria Gratuita párr Toda La Población es sin MECANISMO muy Eficaz párr romper el Círculo de la Pobreza . Asi he aquí afirmaron En Una Asamblea General de la ONU se celebrada es Estós Dias Pasados. La OMS calcula Que Cada Año heno UNOS 150 Millones de Personas En El Mundo Que van a la ruina porción Tener Que Pagar facturas Sanitarias (en algunos Puntos de áfrica UNA Cesarea Florerias Costar € 200, Cifra imposible párr La Gran Mayoría de la Población). El coordinador de " Acción por la Salud Global ", Tim Roosen , es contundente: " si no sí cumple el Derecho a la Salud para Todos los Ciudadanos, los ESTADOS no prosperarán ni crecerán, y los Pobres seguiran empobreciéndose Cada Vez Más ".
Si no se reduce el Consumo ni recauda Dinero: ¿Por Qué APLICA el Gobierno Una norma tan injusta y cruel?
La OMS Afirma Que Invertir en Salud Pública es rentable : se atajan las dolencias evitables y SE MEJORAN los Indicadores de Salud, Produciendo sin incremento de la Capacidad Laboral y de la Productividad. Also sabemos Que Invertir en Sanidad Mejora el Pronostico del cáncer; sin Estudio Reciente demostro Una Fuerte Correlación directa Entre Gasto sanitario y Supervivencia al Cáncer despues del Diagnóstico: una mas Gastó, la Mortalidad es Menor.
En España, a partir de la Ley General de Sanidad(1986), promovida porción Ernest Lluch , sí Hizo ONU largo camino párr conseguir la Cobertura Sanitaria universal, de forma plena. El Sistema Nacional de Salud (SNS), de Cobertura universal, y Financiación a Través de los Impuestos, Es Un Referente a Nivel Internacional. La "Organización Panamericana de la Salud" Impulsa Este Modelo en suspensión Países Miembros. Pero here, Por La Actuación cruel y pertinaz de Este Gobierno, ESTAMOS Haciendo el camino en SENTIDO contrario. En Lo Que va de Legislatura el PP no está Realizando Una demolición Programada del SNS . ESTAS hijo algunas de Sus Actuaciones:
1 -. El RD Ley 16/2012 introdujo LÃ Obligación de Diversos copagos sobrecargan QUE, DE MANERA insoportable es algunos Casos Familiares, Las deterioradas economías .El 16% de los jubilados no pueden completar SUS TRATAMIENTOS, y Son Cada Vez Más Que Las Personas Mayores PIDEN Ayuda párr comprar las Medicinas. Pero also dejo un pecado Cobertura Cerca de Un Millon de Personas Que quedarón pecado Tarjeta Sanitaria. Segun "Médicos del Mundo" Cada Día 2.400 personajes Quedan excluidas de la Cobertura Sanitaria from Que comenzo la application of this decreto en septiembre de 2012. This organization Puso en Marcha Una Campaña informativa - "Nadie desechado "-, párrafo concienciar a la Población Sobre la Gravedad de la Situación. La supresión de la Atención Sanitaria a los Inmigrantes es Una decisión cruel e injustificada: EL DAÑO provocado es inmensamente superiores al Ahorro conseguido. Pero also is an Medida insensata y Peligrosa: las Personas excluidas con dolencias transmisibles pueden representar sin peligro párr Toda La Población.
2 -. El Gobierno del PP ACABA de enviar a la UE su " . Programa Nacional de Reformas Reino de España 2013 "para evidenciar do Voluntad de Continuar con los recortes Sociales. SEGUN INFORME DE LA ONU FADSP uña de Las Partidas Mas afectadas va a servicio el Sistema de Atención a la Dependencia: de 2012 a 2014, en tres Jahr, van a aplicar ONU Recorte de 2.220 Millones de euros. Quedarán pecado Atención 256,000 Dependientes , aunque " el Objetivo final, es desmantelar Todo el Dispositivo Previsto Por La Ley para permitir a Las Multinacionales de los Servicios Sociosanitarios apropiarse de Estós, Como hicieron ya en el Reino Unido ".
3 -. El Pasado 19 de septiembre el Gobierno Público en el BOE Una Resolución porción La que se obliga a los Pacientes con dolencias crónicas tumbas (cáncer, artritis reumatoide, hepatitis crónica, esclerosis múltiple, etc) al Pago del 10% del Precio porción Envase de los fármacos de dispensación Hospitalaria -Que Suelen servi Muy Caros-. En El Preámbulo de La resolucion EL PROPIO GOBIERNO reconoce là Gravedad Ÿ cronicidad De Las patologías afectadas. This Medida deberia servicio implantada Por las Autonomías a partir del primero de octubre, Pero Varias Comunidades ya anunciaron Que no la van a aplicar. Los defensores del copago aducen dos Razones párr imponerlo: la Función disuasoria y la Capacidad recaudatoria. Pero no es Posible Evitar Que ESTAS personajes Dejen de utilizar ESTOS fármacos, el pecado PONER en Riesgo su Salud, y la Recaudación Económica va un servicio insignificante párrafo el Gobierno (heno sin limite de € 4,2 porción Envase) aunque muy gravosa, e inclusó imposible de Asumir, párrafo los Enfermos.
Si no se reduce el Consumo ni recauda Dinero: ¿Por Qué APLICA el Gobierno Una norma tan injusta y cruel? Hay Razones ideológicas párrafo ESTOS imponer castigos a las Personas Más necesitadas de Ayuda. La Viceconsejera de Sanidad de Madrid, Patricia Flores, SE HACE Poco preguntaba: " ¿Tiene SENTIDO Que sin enfermo crónico viva gratis del Sistema? ". Also heno Una Intención intimidatoria . Con ESTAS Medidas el Gobierno intenta Crear Una Situación de Pánico colectivo, los Propios Afectados sí ven paralizados por El miedo, superados Por Una Situación de desamparo y desprotección Que los HACE temer Por La Propia vida. Pero debe Ser. Toda la Ciudadanía La Que reaccione ante ESTAS imposiciones Que nos retornan a la ONU Pasado Que creíamos superado. Porqué, si no actuamos, algun dia podra tocarnos a Nosotros.