/ Viernes 4 de octubre de 2013
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La magnitud, persistencia y profundidad del proceso de despojo de tierras en Colombia impone grandes desafíos a las políticas públicas para enfrentar la victimización masiva. El Estado y la sociedad tienen que tomar la decisión sobre qué proporción del daño, cómo y en qué periodo de tiempo se van a reparar a las víctimas de los territorios agrarios. Tenemos que avanzar hacia una economía política de la memoria y la reparación. El destino de la reconciliación colombiana pasa por políticas razonables de justicia restaurativa con las víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes. La mayoría de los hogares despojados o desplazados son de la anterior procedencia.
Los retos para instaurar una política pública frente a estos millones de compatriotas son complejos y exigentes. La primera condición es el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, comprendida como la consecuencia derivada del incumplimiento de una obligación preexistente, ya que tiene la obligación imperativa de garantizar los derechos humanos. Además, porque el reconocimiento de responsabilidad estatal es, en sí mismo, una parte fundamental de la reparación integral.
“Los tribunales internacionales y domésticos que interpretan los instrumentos internacionales contentivos del derecho a la reparación lo fundamentan en el reconocimiento o la declaración de responsabilidad” (Lozano, C.). Por lo menos en tres ámbitos es necesario sustentar esta política de restauración y reparación de las víctimas: la memoria desde las víctimas, la dimensión política y el ámbito jurídico.
“Es el caso de iniciativas llevadas a cabo por las propias víctimas tales como el Tribunal de la Memoria, el Catastro Alternativo de Despojo de Tierras, los Centros Locales de Memoria Histórica, actividades performativas de recordación, pedagogías locales de la memoria, elaboración y promoción de propuestas sobre la comisión de la verdad sobre la persecución sindical, conservación de archivos con propósitos de evitar la impunidad e implementación de comisiones de esclarecimiento histórico” (Vargas, F.).
La superación del olvido es la primera condición para volver a recuperar el contenido de sus horizontes políticos. Un caso emblemático es el genocidio de la UP, porque no sólo se masacraron sus militantes sino su proyecto político. Fue este tal vez el movimiento que más relevó, en la década del 80 del siglo XX, la necesidad de una asamblea constituyente para transformar de raíz la moribunda Constitución de 1886.
La reparación de las víctimas de las tierras será el reconocimiento como sujetos políticos y de las identidades de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. En su conciencia social emerge la necesidad de transformar el modelo impuesto de desarrollo rural y la esperanza de reconstruir la vida en el campo respetando la vida, la diversidad y la naturaleza.
Los desafíos jurídicos para consolidar una política pública también son enormes. Empiezan con la concepción jurídica de la víctima, que en ciertas formulaciones actualmente existentes (Ley de Justicia y Paz) excluye a las personas que han sido victimizadas por el Estado y considera víctimas a los miembros de las fuerzas armadas; y continúan con la delimitación de los derechos sustantivos y procesales de las víctimas.
También tendremos que postular judicialmente la progresividad del registro de víctimas, el papel de los jueces agrarios, hacer efectiva la inversión de la carga de la prueba, decretar medidas cautelares, la aplicación de la buena fe exenta de culpa, el carácter transicional del procedimiento, entre muchos otros. El debate apenas se inicia, pero la memoria de las víctimas exige todo el cuidado de la sociedad.
prensarural.org
Los retos para instaurar una política pública frente a estos millones de compatriotas son complejos y exigentes. La primera condición es el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, comprendida como la consecuencia derivada del incumplimiento de una obligación preexistente, ya que tiene la obligación imperativa de garantizar los derechos humanos. Además, porque el reconocimiento de responsabilidad estatal es, en sí mismo, una parte fundamental de la reparación integral.
“Los tribunales internacionales y domésticos que interpretan los instrumentos internacionales contentivos del derecho a la reparación lo fundamentan en el reconocimiento o la declaración de responsabilidad” (Lozano, C.). Por lo menos en tres ámbitos es necesario sustentar esta política de restauración y reparación de las víctimas: la memoria desde las víctimas, la dimensión política y el ámbito jurídico.
Memoria y víctimas
El deber de la memoria exige crear una cultura de la memoria desde las víctimas. No cualquier memoria, ni historias oficiales, sino aquella que otorga la autoridad de las víctimas. Para Reyes Mate, cuatro son los motivos que otorgan esa autoridad a las víctimas. El primero, asumir que el pasado de las víctimas forma parte ahora de nuestro presente colectivo. El segundo, aceptar que de la historia hay dos lecturas diferentes. Lo que para unos es “progreso”, para otros es catástrofe. No coincide la historia de los vencedores con la de los oprimidos. Tercero, el valor incuestionable de los testigos y el testimonio directo.
Cuarto, una invitación a repensar la extensión de la responsabilidad, porque no sólo somos responsables de lo que hacemos como individuos, sino también del daño causado al hombre por el otro hombre. “Esta ampliación de responsabilidades se explica por la naturaleza misma de la memoria moral”. En su reciente discurso ante la ONU, José Mujica, presidente de Uruguay, lo plantea de forma magistral: “los indigentes no son de África o América Latina, son de la humanidad toda”.
La memoria recobrada en relación con violaciones a los derechos humanos tiene efectos reparadores en términos de verdad, justicia y no repetición. La posibilidad de la verdad individual y colectiva es condición ineludible de toda forma de justicia transicional. Las víctimas tienen derecho a esa verdad como reelaboración colectiva sobre ese pasado traumático. La justicia deja de ser un asunto exclusivamente penal y se experimentan formas de justicia correctiva y restaurativa. El compromiso de no repetición abre el horizonte de la esperanza y la paz, porque lo reparador conlleva también lo transformador.
La política de reparación tiene que atender todas las acciones que logren el florecer de las memorias de las víctimas. Apoyar una cultura de la memoria, comisiones de la verdad, tribunales, lugares de la memoria, juegos para la memoria, testimonios, imágenes, intervenciones arquitectónicas, medios de comunicación, discursos, investigaciones para la memoria, etc.“Es el caso de iniciativas llevadas a cabo por las propias víctimas tales como el Tribunal de la Memoria, el Catastro Alternativo de Despojo de Tierras, los Centros Locales de Memoria Histórica, actividades performativas de recordación, pedagogías locales de la memoria, elaboración y promoción de propuestas sobre la comisión de la verdad sobre la persecución sindical, conservación de archivos con propósitos de evitar la impunidad e implementación de comisiones de esclarecimiento histórico” (Vargas, F.).
Reparación política y judicial
En Colombia la memoria de los sobrevivientes tiene necesaria relación con las transformaciones políticas por las cuales fueron victimizados. Sus luchas y promesas quebrantadas tienen un claro contenido político, porque fueron por transformar las injusticias económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad colombiana. Fueron victimizados por oponerse a algún aspecto del statu quo.La superación del olvido es la primera condición para volver a recuperar el contenido de sus horizontes políticos. Un caso emblemático es el genocidio de la UP, porque no sólo se masacraron sus militantes sino su proyecto político. Fue este tal vez el movimiento que más relevó, en la década del 80 del siglo XX, la necesidad de una asamblea constituyente para transformar de raíz la moribunda Constitución de 1886.
La reparación de las víctimas de las tierras será el reconocimiento como sujetos políticos y de las identidades de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. En su conciencia social emerge la necesidad de transformar el modelo impuesto de desarrollo rural y la esperanza de reconstruir la vida en el campo respetando la vida, la diversidad y la naturaleza.
Los desafíos jurídicos para consolidar una política pública también son enormes. Empiezan con la concepción jurídica de la víctima, que en ciertas formulaciones actualmente existentes (Ley de Justicia y Paz) excluye a las personas que han sido victimizadas por el Estado y considera víctimas a los miembros de las fuerzas armadas; y continúan con la delimitación de los derechos sustantivos y procesales de las víctimas.
También tendremos que postular judicialmente la progresividad del registro de víctimas, el papel de los jueces agrarios, hacer efectiva la inversión de la carga de la prueba, decretar medidas cautelares, la aplicación de la buena fe exenta de culpa, el carácter transicional del procedimiento, entre muchos otros. El debate apenas se inicia, pero la memoria de las víctimas exige todo el cuidado de la sociedad.
prensarural.org
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