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El Comité de Familiares de los presos políticos saharauis grupo Gdeim Izik se reunió durante más de una hora con el enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, en la sede de la MINURSO, para trasladarle las circunstancias de la detención y el estado en el que se encuentra este grupo de presos desde entonces en las cárceles marroquíes.
Fatimetu Dahwar y Ali Roubiou, como representantes de este comité, denunciaron en la reunión cómo se celebró el juicio de estos presos relacionados con el histórico campamento de protesta saharaui Gdeim Izik, en su opinión, sin el menor viso de parcialidad, así como las circunstancias de su detención y el estado de salud en el que se encuentran hoy por hoy sus familiares.
Según han contado después en un comunicado, presentaron además dos informes, tal y cómo les solicitó el propio Ross -a quien exigieron que sean elevados al Secretario General de cara a la próxima cita para analizar la cuestión del Sahara- tanto sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos en las cárceles marroquies y los problemas de salud que están acumulando por la falta de mínimas condiciones, como sobre sus reclamaciones de liberación sin restricción o condiciones, o de un mecanismo para que Naciones Unidas supervise los derechos humanos en el el Sáhara Occidental, cuestión que afecta directamente también a sus familiares.
“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500 habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más paro.
Nuevas Generaciones del Partido Popular inicia el proceso de expulsión de
un militante por insultar y amenazar portwitter a un
diputado de Izquierda Unida.
El Comité de Derechos y Garantías de
Nuevas Generaciones ha iniciado el proceso de expulsión del militante de NNGG
de Madrid, Jaime Mora, por las manifestaciones que ha realizado en
su cuenta personal de la red social Twitter hacia el diputado de IUAlberto
Garzón y "que infringen lo estipulado" en los Estatutos de
Nuevas Generaciones.
Después de conocer el dictamen de la
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que ha ratificado este lunes la condena
a España por aplicar la 'doctrina Parot' a la presa de ETA Inés del Río,
condenada a 3.828 años de prisión, el militante de NNGG ha iniciado una
conversación con el diputado de IU donde ha llegado a decirle que
"matarle" a él o a los de su "calaña" les iba a salir
"igual de caro".
"¡Pensándolo bien matarte a ti o a
todos los de tu calaña nos va a salir igual de caro! Igual no va a ser tan
malo.... Payaso", señalaba Mora en su cuenta personal twitter después de que el
parlamentario Alberto Garzón, nada más conocerse el fallo, haya calificado la
sentencia de "buena noticia".
Según ha explicado NNGG, en sus
estatutos se establece como principio de actuación de NNGG "la defensa de
la Constitución Española como instrumento fundamental del Estado de Derecho y
garantía de la estabilidad institucional y democrática en España".
"Estas libertades (de expresión)
tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en
los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la Juventud y
de la Infancia", destacan.
Así mismo, el Reglamento de Régimen
disciplinario de Nuevas Generaciones estipula en su artículo 4.1.a) como infracciones
muy graves "atentar contra cualesquiera de los derechos o deberes
fundamentales reconocidos en la Constitución".
De este modo, las infracciones
consideradas "muy graves" son sancionadas con la suspensión de
militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años y con la
inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en
representación de éste por igual periodo de tiempo, además de la expulsión de
Nuevas Generaciones.
Como medida cautelar, actuando de
oficio, se ha procedido a la suspensión de militancia de este afiliado y a
abrir el procedimiento disciplinario. La propuesta de sanción será resuelta en
el próximo Comité de Derechos y Garantías de Nuevas Generaciones tras llevarse
a cabo las fases del procedimiento reglamentario correspondiente.
Los jueces de Estrasburgo recuerdan que fue la propia Audiencia Nacional la que refundió en el año 2000 las condenas a la terrorista en una sola de 30 años de cárcel
ANDRÉS MUÑIZ
Inés del Río/Efe
"La demandante ha cumplido una pena de prisión de una duración superior a la que se le habría debido imponer en virtud del sistema jurídico español en vigor en el momento de la condena, teniendo en cuenta las redenciones de pena que se le habían concedido conforme a la ley". Ése es el argumento principal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para condenar a España por aplicar la 'doctrina Parot' a la preso de ETA Inés del Río, y prolongar así en 9 años su estancia en la cárcel.
Esa conclusión se basa en dos datos clave: en el año 2000, la Audiencia Nacional refundió todas las condenas a Inés del Río, que sumaban 3.000 años de prisión, en una sola de 30 años de duración. Y, en segundo lugar, las autoridades penitenciarias le otorgaron 9 años de redención de pena por trabajo de acuerdo a los beneficios que preveía el Código Penal de 1973 (y que se eliminaron con el de 1995). Ninguna autoridad judicial, señala el tribunal de Estrasburgo, impugnó esa redención de 9 años de condena.
La sentencia explica que, antes de que el Supremo emitiera la 'doctrina Parot' en el año 2006, cuando se condenaba a una persona en España a varias penas de prisión y éstas se acumulaban (como había ocurrido con Del Río), las autoridades penitenciarias y judiciales españolas habían seguido la "práctica constante" de aplicar las redenciones de pena sobre el límite máximo de 30 años, y no sobre cada una de las penas refundidas. En 1994, el propio Supremo había seguido esa interpretación.
Es decir, que hasta la modificación de esa jurisprudencia en febrero de 2006 por la 'doctrina Parot', la práctica anterior benefició a numerosas personas que, como Inés del Río, había sido condenadas en virtud del Código Penal de 1973. "La demandante podía esperar por tanto ser tratada de la misma manera", resume la sentencia, que añade que antes de 2006 el derecho penal era lo suficientemente preciso como para que Del Río supiese el alcance de la pena: una duración máxima de 30 años de prisión sobre la que debían aplicarse las redenciones de pena por trabajo.
Por todo ello, la Gran Sala ha entendido que hubo vulneración del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede haber condena sin ley. Los jueces europeos señalan que, en este caso, la 'doctrina Parot' no sólo afectó a la modalidad de la ejecución de la pena, sino que también tuvo impacto en el alcalde de la condena (9 años superior).
Además, y por unanimidad, el TEDH cree que hubo vulneración del artículo 5 del mismo Convenio, ya que la privación de libertad que supuso a Inés del Río la doctrina Parot fue irrregular, por las razones expuestas.
En la semana que finalizó los indígenas protesta en la llamada Minga Social y Popular, exigiéndole al estado colombiano cumplir los acuerdos firmados, mientras tanto continua la movilización de los estudiantes universitarios con marchas simbólicas y asambleas permanentes en la mayoría de las universidades públicas del país exigiendo más recursos a la educación superior, “la educación es un derecho y no una mercancía”
El gobierno colombiano en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, se hace de los oídos sordos, no escucha al movimiento estudiantil representado en La MANE y manda a reprimir las movilizaciones indígenas o Mingas sociales.
Recordemos que en febrero-marzo del 2013, se desarrolló el paro cafetero, en agosto-septiembre el paro nacional agrario con dinámicas sectoriales y regionales.
Esto quiere decir que el pueblo colombiano esta despertando…
Ojala…., pero hay la necesidad de avanzar más allá de la protesta, hay que proponer y construir un movimiento político social y popular amplio que represente las necesidades de los colombianos y acabar con el bipartidismo histórico con sus mutaciones fascistas como el uribismo, centro burocrático… que mantiene al pueblo en la miseria, pobreza, donde el país es uno de los más desiguales del continente, donde los ricos son más ricos y pobres son más miserables.
Pero muchos sectores sociales y alternativos, afirman que no hay garantías para participar “democráticamente” en las próximas elecciones 2013, comparto esta afirmación, al ver que la Corte Constitucional le negó a la ex- senadora Piedad Córdoba una tutela en contra del Procurador Monseñor Ordoñez, que exigía restablecer los derechos políticos a la ex -senadora, con este hecho se puedo decir que Colombia vive una “Democracia FALLIDA” .
Colombianos cambiamos nuestra clase política o ellos nos cambia hacia la miseria y desesperanza.
Es hora de despertar y soñar un país con Paz y justicia social .
Edison E. Burbano ( El payanés)
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La necesidad de intervención judicial es clara y urgente para el pueblo palestino, que continúa siendo ignorado.
El 22 de enero de 2009, inmediatamente después de la Operación Plomo Fundido, el gobierno de Palestina presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) aceptando su jurisdicción “con el fin de identificar, perseguir y juzgar a los autores y cómplices de actos cometidos en el territorio de Palestina desde el 1º de julio de 2002”. Esta declaración le otorga a la CPI jurisdicción para investigar todos los posibles crímenes cometidos en territorio palestino, independientemente de la nacionalidad del perpetrador.
La realidad sobre el terreno demuestra la necesidad clara y urgente de intervención judicial.
Desde el comienzo del proceso de Oslo hace 20 años, los derechos del pueblo palestino han sido continuamente sacrificados en nombre del progreso político. El proceso de paz sacrificó el estado de derecho y los derechos humanos a cambio de alcanzar paz y seguridad. El resultado no ha sido ni paz ni seguridad, sino un deterioro sostenido –y en los últimos años creciente- de la calidad de vida. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la expansión de las colonias judías continúa sin pausa, en tanto que elMuro ilegal anexionista crea una situación que contradice flagrantemente tanto el derecho internacional como los propósitos declarados del proceso de paz. En la Franja de Gaza estamos concentrados en tratar de acceder a medicinas, agua, alimentación adecuada y los derechos al trabajo, la educación y la libertad de movimiento.
La vida en Palestina está sujeta a la ley de la selva: los generales y políticos israelíes saben que pueden violar la ley con impunidad, alimentando un círculo continuo de violaciones y sufrimiento. El resultado ha sido un aumento de los crímenes de guerra cometidos contra civiles inocentes. A lo largo y ancho de Palestina estamos luchando por el derecho a la vida, y a vivir con dignidad.
Presión para que no presenten cargos
En este contexto, la posibilidad de hacer rendir cuentas ante la CPI –y digamos claramente que esto representa la posibilidad de que por primera vez la ley sea aplicada con igualdad e imparcialidad para todas las partes- ha sido objeto de manipulación política. Europa y en particular EEUU han tratado sistemáticamente de bloquear cualquier posible intervención de la CPI. En el contexto reciente de la solicitud de Palestina de integrarse a la ONU, The Guardian informó que el Reino Unido estaba condicionando su apoyo a la resolución favorable al Estado palestino a que éste “se abstuviera de solicitar el ingreso a la CPI o a la Corte Internacional de Justicia, que podrían usarse para perseguir crímenes de guerra u otras demandas judiciales contra Israel”. El presidente Mahmoud Abbas informó haber recibido presiones similares de EEUU: “He oído decir a los norteamericanos… dijeron: ‘si ustedes consiguen su Estado, van a ir a la CPI. Y nosotros no queremos que vayan a la CPI’”.
El 3 de abril de 2013, después de una demora de tres años, el entonces Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo emitió una decisión de dos páginas muy criticada rechazando aceptar jurisdicción sobre Palestina, basándose en que la Fiscalía no era competente para decidir si Palestina era un Estado y podía por lo tanto aceptar la jurisdicción de la Corte. Se adujo que esa decisión le correspondía a la ONU, aunque el argumento ignoró el hecho de que en octubre de 2011 –antes de la decisión del Fiscal- Palestina había sido aceptada como estado miembro de la UNESCO. El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como un “Estado no miembro con carácter observador”, despejando así cualquier duda sobre si Palestina puede ser considerada un estado ante la CPI.
Al parecer la Fiscalía de la CPI –aunque estaría facultada para abrir una investigación basándose en la declaración palestina de 2009, todavía vigente- está esperando que Palestina ratifique el Estatuto de la CPI y se convierta así en miembro pleno.
Al Haq y el Centro Palestino para los DDHH están en efecto presionando para que la Autoridad Palestina ratifique el Estatuto de la CPI y otros tratados internacionales. No obstante, la postura actual de la CPI es inaceptable.
Justicia injusta
Va contra el fin y el cometido mismo de la CPI permitir que los estados burlen la rendición de cuentas porque cambiaron de opinión después de activar el mecanismo de jurisdicción de la Corte, ya sea negándose luego a ratificar el Estatuto o ‘retirando’ la referencia inicial. La justicia no puede afirmarse de esta manera.
Es todavía más inaceptable dejar a millones de civiles fuera del alcance de la justicia internacional debido a presiones políticas ejercidas sobre el gobierno, especialmente si se trata de un gobierno bajo ocupación que está en una posición extremadamente débil y que no puede tomar posturas firmes sin el apoyo de la comunidad internacional.
Estas decisiones deben ser tomadas por un órgano judicial de la Corte; delegar una decisión tan importante como la de admisibilidad en los órganos políticos debilita la independencia de la Corte, y en este casodebería aplicarse el artículo 19(3) del Estatuto de Roma[1].
La realidad de la situación en Israel y Palestina necesita urgente intervención. La decisión de la Fiscalía de ‘no decidir’ en abril de 2012 le dio la espalda tanto a la gravedad de la situación como al mandato de la CPI de “poner fin a la impunidad de los perpetradores” de delitos internacionales.
Exhortamos al Fiscal a visitar Palestina, a reunirse con las víctimas y a experimentar la realidad sobre el terreno. Ahora más que nunca es evidente la necesidad de justicia y no de juegos políticos de salón. La justicia no es una mercancía que se puede transar en nombre del progreso político. La CPI no debe hacerse cómplice del fracaso del actual proceso de ‘paz antes que justicia’. Debe honrar su mandato –y las expectativas de las víctimas en todo el mundo- y dar pasos concretos encaminados a poner fin a la impunidad en Israel y Palestina.
[1] N de la T: El inciso establece que el Fiscal podrá solicitar a la Corte que decida sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad.
Raji Sourani, Director del Palestinian Centre for Human Rights, de Gaza.
Shawan Jabarin, Director General de Al-Haq, ONG palestina independiente de DDHH.
De acuerdo con el comité del organismo internacional que vela por lo derechos de la mujer, en el país suramericano aún persiste “cierta presión” sobre las mujeres víctimas de violencia para que se reconcilien con su agresor “durante las etapas del proceso administrativo o judicial" de una denuncia. Miembros del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la eliminación de la discriminación de la mujer, exigieron al Gobierno de Juan Manuel Santos mayor protección a las mujeres que todavía son víctimas de la violencia sexista, pese a que está penado por la ley, y según el comité continúan impunes.
El organo pide que se de cumplimiento a la ley 1257 del año 2008, cuyo texto reclama que a las mujeres víctimas de maltrato se les asegure un acceso adecuado a la protección y medidas de ayuda establecidas en ese reglamento.
Los expertos de la junta consideraron necesario simplificar los procedimientos y se concilien los diferentes decretos que conforman el marco de la ley, para mejorar la coordinación entre las instancias responsables de su debida aplicación.
De acuerdo con el comité, en el país suramericano aún persiste “cierta presión” sobre las mujeres víctimas de violencia para que se reconcilien con su agresor “durante las etapas del proceso administrativo o judicial,” por ello, el comité exhortó al país a “superar la impunidad”, especialmente en casos de abuso sexual y regirse por las leyes internacionales al momento de perseguir a los responsables de estos hechos.
Ante un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la ONU llamó la atención sobre la necesidad de velar en él por los casos de violencia sexual contra la mujer.
En ese sentido, plantearon aumentar la cantidad de jueces especializados en este tipo de delitos, en concreto encargaron a mujeres jueces, así como proporcionar a las víctimas un ambiente de seguridad durante y después de la investigación policial y el juicio.
Por otra parte, solicitaron que el tráfico, explotación y prostitución de mujeres, son casos que deben llevarse a cabo "sin más dilación", e hicieron un estudio de las causas que llevan a estas circunstancias, junto con la recopilación de datos estadísticos para analizarlos en el próximo informe de conclusión.
La ONU indicó que a nivel de salud, el Estado colombiano debe garantizar a las mujeres víctimas el acceso legal al aborto y a los cuidados médicos posteriores a la intervención quirúrgica. Además de promover el uso de métodos accesibles en anticoncepción y otros para evitar contagio con VIH.
En ese contexto, el comité animó al país a desarrollar "una estrategia integral para superar los estereotipos patriarcales y de género sobre los roles de mujeres y hombres en la sociedad", al tiempo que felicitaron al país por la creación de la Alta Consejería Presidencial para Asuntos de la Mujer, institución que debe forzarse por ser más eficaz en la resolución de los casos.
Por otra parte, el comité también expresó su preocupación por la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas de las zonas rurales, especialmente aquellas que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen a consecuencia de la violación de sus derechos.
Por ello, instan al país a garantizar la protección de las mujeres indígenas víctimas de violencia por parte de algunos grupos armados, así como reconocer totalmente el vínculo entre la violencia de género y sexual con el desplazamiento forzado.
En junio de 2012, el Presidente Santos anunció la creación de uno comité especial para prevenir , investigar y hacer justicia en los casos de violencia de género de debido a que cada dos horas una mujer era violada en Colombia, según cifras oficiales.
La propuesta del mandatario colombiano fue generar mucha más seguridad integral en cuanto a la lucha contra crimen y la violencia contra la mujer de manera efectiva para que fueran denunciados.
La medida fue aplicada por las autoridades luego del asesinato de Rosa Elvira Cely, que conmocionó al país ante la brutalidad de su violación, torturas y posterior empalamiento.
Según cifras publicadas en medios internacionales, en América Latina hubo más de 60 mil mujeres victimas de la violencia de género en el año 2012; y se estima que durante este año la cantidad haya incrementado a 80 mil en las regiones sureñas, siendo Nicaragua el país más afectado por este flagelo, seguido de El Salvador, Paraguay y Colombia.
20 millones de pesos colombianos (10.600 dólares) cobraron sicarios colombianos para asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro.
Así lo explicó este lunes el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien aseguró que los jóvenes capturados por las autoridades de inteligencia venezolanas tenían como objetivo perpetrar un plan de magnicidio contra el presidente de Venezuela.
Durante la transmisión del programa A Toda Vida Radio, Rodríguez Torres explicó que visitó el vecino país para intercambiar datos con el cuerpo de inteligencia colombiano sobre el caso de magnicidio contra el presidente Maduro, segun reseñó AVN.
El pasado 15 de agosto fueron capturados dos ciudadanos colombianos implicados en los planes de magnicidio , la aprensión se logró luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizara las pesquisas correspondientes al plan denominado Operación Carpeta Amarilla.
El ministro precisó que los dos sujetos, integrantes de un grupo desestabilizador compuesto por 10 individuos, responden a los nombres de Víctor Johan Gueche Mosquera, de 22 años de edad, y Erick Leonardo Huertas Ríos, de 18, quienes ingresaron al país el pasado 13 de agosto por San Antonio del Táchira.
El ministro explicó que en una entrevista a Óscar Alcantara González (alias Gancho Mosco), quien es jefe de los dos sicarios capturados por el Sebin, detectó incoherencias en sus declaraciones negando su relación de negocios con Alejandro Caicedo Alfonso (alias David) quien se presume coordinó la movilización de los implicados desde Bogotá hacia Venezuela.
“Alias David es el enlace, en la cárcel, con Óscar Alcantara González”, precisó el ministro, “los registros de la cárcel señalan que “alias David” ha ingresado a visitar a Gancho Mosco, quien según los registros policiales es el jefe del grupo de sicarios.
Las autoridades venezolanas lograron conversar con una mujer que es pareja de uno de los involucrados en el caso, y esta confirmó que ambos sicarios se encontraban en Venezuela para realizar el magnicidio.
“Ella nos dijo que ciertamente esos muchachos venían a Venezuela a cometer un homicidio, venían a matar a alguien de alto nivel y gran peso político”, detalló el ministro.
El periodista venezolano José Vicente Rangel señaló este domingo que para que haya diálogo entre el Gobierno y la oposición, es necesario que esta última abandone los actos subversivos, puestos en práctica durante el proceso revolucionario.
“Si se quiere que haya diálogo, para armonizar políticas en el país entre el Gobierno y la oposición, es indispensable que la oposición se coloque a derecho, que abandone los atajos de la subversión, que juegue limpio y se disponga a convivir pacífica y democráticamente”, indicó Rangel.
En su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, el periodista dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado en varias oportunidades cuáles son los límites de la oposición al conspirar contra las instituciones del Estado, como es el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) al reincidir en el tema del fraude, cada vez que son derrotados.
Igualmente, Rangel recordó las acciones conspirativas, que llevó adelante la oposición en abril de 2002 con el golpe de Estado, en el que promovieron guarimbas y el paro de la industria petrolera.
“La oposición y el Gobierno tienen un límite, pero lamentablemente la oposición desde que se inició el Gobierno Bolivariano ha desbordado esos límites planteados”, señaló Rangel.
Ante estas conspiraciones, sostiene que la oposición busca escudarse en supuestas interpretaciones de la Constitución y pretende mantener la tesis de que el Estado y el Gobierno no se deben defender de estas acciones.
PL – En una entrevista con un diario estadounidense, el profesor Noam Chomsky declaró que se está produciendo “un cambio histórico en América Latina”, la cual se “ha liberado a sí misma” de EE.UU., cuyo poder está en pleno proceso de declive.
“En los últimos años, por primera vez en su historia, América Latina se ha liberado sustancialmente a sí misma de la influencia extranjera. [..] Por ejemplo, no queda una sola base militar de EE.UU. en América Latina”, lo que indica, entre otras razones, un “cambio histórico” en la región, según recoge el diario estadounidense ‘The Washington Times’. El escritor explica que durante todo el período durante el que Latinoamérica estuvo bajo la dominación de EE.UU., “la estructura típica que ha guiado América Latina ha sido una pequeña élite europeizada, a menudo blanca, enormemente rica, y orientada hacia el Oeste, no hacia su propio país”.
Los países de América Latina también “se están moviendo hacia un tipo de integración”, añade. Para Chomsky, en el pasado, bajo el dominio exterior, los países de la región estaban bastante alejados entre sí. “Las interacciones de las pequeñas élites que les gobernaban eran con Occidente, y no con otros países de América Latina. Eso está cambiando”, insiste el profesor.
EL DECLIVE DE ESTADOS UNIDOS
En su opinión, con la “liberación” de América Latina y la primavera árabe, que ha “barrido Oriente Medio”, muchos han especulado que estamos ante el principio del fin del imperio americano. Sin embargo Chomsky señala que más que al fin, “estamos asistiendo al declive del poder estadounidense”.
Para Chomsky, el poder de EE.UU. sigue siendo abrumador pues continúa siendo “una fuerza aterradora muy intimidante en los asuntos internacionales”, pero [su poder] está disminuyendo”, aclara.El profesor estadounidense continuó exponiendo que tal disminución era de esperar, dada la historia del ascenso de EE.UU. a su condición de superpotencia: ”El poder estadounidense llegó a su cima en 1945, el fin de la II Guerra Mundial [...]. La guerra fue muy beneficiosa para la economía estadounidense”, llegando a poseer tras la contienda el 50% de toda la riqueza del mundo.
Sin embargo, desde los años 1970, cuando el mundo se volvió tripolar (con tres grandes centros de poder: EE.UU., Europa y Japón), tuvo que compartir su poderío económico descendiendo esta hasta el 25% de la riqueza del mundo. Y “ese proceso continúa en descenso desde entonces”, asevera el profesor.Chomsky, de 84 años de edad, ha sido citado más veces que Platón o que el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. En las encuestas de opinión, es a menudo considerado uno de los principales intelectuales públicos del mundo, a pesar de estar en gran medida ausente de los medios de comunicación.
Cada día se confirma
más la razón que tenía el ex primer ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad
cuando en una conferencia magistral efectuada en 2006 durante el VIII Encuentro
Internacional de Economistas en Cuba aseguró que la globalización y todo el
concepto que encierra fue inventada por los países ricos y no por los pobres.
En el papel, la
palabra Globalización, endulza el oído y la mente pero la realidad puede ser
otra cuando las naciones desarrolladas y sus ejecutores directos, las compañías
transnacionales, alcanzar los mejores dividendos durante sus incursiones dentro
de los países en desarrollo.
Después de nueve
años de aquella afirmación, varios estudios internacionales dan la razón a Mahathir.
Un grupo de
investigadores encabezado por el profesor Jason Hickel de la Escuela de Economía de
Londres, y asesores del movimiento The Rules, produjo un video titulado “La Desigualdad de la Riqueza Mundial” donde
denuncian con numerosos datos que actualmente las 300 mayores fortunas del
mundo acumulan más riqueza que los 3 000 millones de pobres.
"Citamos estas
cifras, agregan, porque nos ofrece una comparación clara e impresionante, pero
en realidad la situación es aún peor: las 200 personas más ricas poseen
aproximadamente 2,7 trillones de dólares, y eso es mucho más que lo que tienen
3 500 millones de personas, con un total de 2,2 trillones de dólares".
Como se reconoce, diversos tipos de globalizaciones se han impuesto a través de
la historia de la humanidad y una de las más profusas fue cuando las potencias
europeas convirtieron en colonias a muchas naciones de otros continentes y así
podían imponer sus directrices y comerciar, sin ningún impedimento, con los territorios
conquistados.
No hay que ser un experto en economía para comprender que el crecimiento de la
brecha esta íntimamente relacionado con las políticas económicas neoliberales
que instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han
impuesto a los países en desarrollo durante las últimas décadas.
En el video, el
movimiento The Rules expone cómo crece esta desigualdad con el paso del tiempo y
explica que durante el período colonial, la brecha entre los países ricos y los
pobres aumentó de 3:1 a 35:1, mientras que desde entonces, la brecha ha crecido
hasta un nivel de 80:1.
Por su parte, una
reciente investigación de la Organización No
Gubernamental (ONG) Oxfam, señala que el 1 % de los más ricos aumentó sus
ingresos en un 60 % en los últimos 20 años, amparados en la desmesurada
globalización, y con la crisis financiera acelerando este proceso en vez de
frenarlo.
Los apologistas de
la globalización indican que es un fenómeno de carácter internacional cuya
acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales
(financieros, comerciales e industriales) para que el planeta abra espacios de
integración y se intensifique la vida económica.
La definen como un
proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el
sentido de interrelacionar pueblos e individuos por el bien común y la detallan
como la fase en que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, caracterizado
por la eliminación de las fronteras económicas que impiden la libre circulación
de bienes servicios y fundamentalmente de capitales.
Los defensores
igualan el término con una supuesta sociedad planetaria que va más allá de
fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías
políticas y condiciones socioeconómicas o culturales, en un intento de hacer un
mundo que no este fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor parte de
las cosas sean iguales o signifiquen lo mismo.
En contraposición,
el economista de la Universidad
de Massachusetts, Robert Pollin, asegura que "estas políticas están
diseñadas para liberalizar los mercados a la fuerza, abriéndolos a fin de dar a
las multinacionales un acceso sin precedentes a tierras baratas, recursos y
mano de obra, todo a un alto precio alto: que los países pobres pierdan
alrededor de 500 000 millones de dólares por año de su PIB".
Un análisis
financiero sobre el patrimonio mundial efectuado por el Credit Suisse research
Institute, uno de los emporios del capitalismo internacional, puntualizó que “la
riqueza global promedio llegó a un máximo de 51 600 dólares por adulto aunque
se reparte de forma muy desigual y el 10 % más acaudalado posee el 86 % del
total de los activos en el mundo”.
A continuación
remarca que, “el 1 % más adinerado posee el 46 % de todos los activos globales,
y como puntillazo a esa globodesigualdas señala que desde mediados del 2012, la
cantidad de millonarios a nivel mundial ha crecido en casi dos millones y la
mayoría de ellos proviene de Estados Unidos.
Recordemos el caso
de Argentina cuando la globalización neoliberal fue acogida como sistema
económico-financiero en la década de 1980 y en un período de 12 años, esa
nación, una de las más ricas de la región, observó como más de la mitad de su
población caía en la pobreza, el desempleo rondaba al 40 % de sus habitantes,
las transnacionales se adueñaban de sus industrias y principales servicios, el
capital salía de sus fronteras, mientras la bancarrota y el caos revoloteaba en
el país.
Esa amarga
experiencia sirvió para que no solo Argentina sino otras naciones de la región
como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, hicieran caso
omiso a los cantos de sirena de la globalización capitalista y adoptaran
medidas sociales, en beneficio de sus habitantes, con lo que han logrado
reducir los índices de pobreza existentes antes de 1990.
El mundo, por tanto,
no puede ser para unos pocos millonarios mientras la mayoría padece hambre y
enfermedades porque a la larga este gran planeta donde vivimos, sería
incontrolable.
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