EDUARDO ROJO / PABLO FRAILE
“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500 habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más paro.
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