Archivo | Felipe Durán
José Antonio Ñirripil fue uno de los niños
que el año 2010 hicieron huelga de hambre, junto a decenas de comuneros
mapuche, en contra de la Ley Antiterrorista. Producto de esa huelga de hambre,
en lo inmediato, se logró que se modificara la Ley Antiterrorista de manera que
ésta no afectara a menores de edad. También se logró que el Gobierno prometiera
desistirse de sus querellas por esta ley.
La exclusión de los menores de la Ley
Antiterrorista, debido a las interpretaciones torcidas de los fiscales y
jueces, el Parlamento la explicitó a través de dos proyectos de ley, el año
2010 y luego el año 2011. Pero el Estado de Chile, tras
la huelga de hambre, encontró una forma subrepticia de seguir persiguiendo al
movimiento mapuche -incluidos a los menores de edad- como terroristas. Esto
se hace principalmente a través de los testigos secretos. Al respecto, el
Relator ONU Ben Emerson instó fuertemente al Estado de Chile a dejar de
utilizar los testigos secretos en las causas mapuche.
Uno de los casos más graves se dio esta
semana, en que el Tribunal de Temuco condenó a José Antonio Ñirripil en
el caso “Fundo Brasil”. La única “prueba” para incriminar a José
Antonio, es el testimonio de un delator compensado (Art.4 de la Ley
Antiterrorista), que la fiscalía logró introducir indirectamente en el juicio,
a través del testimonio de policías que habrían presenciado el procedimiento de
delación. Es decir, en Chile se persigue como terroristas a menores de edad
-mapuches, por supuesto-. La Unicef, a través del abogado Nicolás Espejo,
consideró la vulneración a José Antonio como “grave y
preocupante”.
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