No
señores, no es Grecia ni España ni ningún otro de los países de la Unión Europea que han estado
envueltos en una violenta crisis por la imposición de drásticas medidas
neoliberales, sino que el caso ahora se ubica en el centro del Caribe, en
Puerto Rico, una nación que responde al sugestivo nombre de Estado Libre
Asociado (ELA) y que desde 1898 funciona como una colonia de Estados Unidos.
Aunque la
palabra austericidio aparece como una de esas nuevas invenciones del léxico
criollo, la definición popular significa que la austeridad aplicada a las
políticas se estan convirtiendo en un verdadero sufrimiento y una amenaza de constante
para la vida de la población con menor poder adquisitivo.
El Gobernador
de la Isla,
Alejandro García Padilla reconoció en una comparecencia televisiva el pasado 29 de
junio que Puerto Rico no puede pagar los más de 73 000 millones de dólares de
su abultada deuda pública y pidió a los habitantes “compartir
el sacrificio”.
El
gobierno federal estadounidense que dirige toda la vida política nacional e
internacional de la Isla
no ha previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su asfixia financiera,
señaló el portavoz de la Casa Blanca,
Josh Earnest.
No
obstante Earnest argumentó que continúan comprometidos con Puerto Rico y sus líderes en la medida en que
enfrentan sus graves desafíos fiscales y que la administración del presidente
Barack Obama había creado una comisión especial interdepartamental para encarar
los problemas, de manera similar a lo ocurrido cuando la ciudad de Detroit se
vio obligada a suspender sus pagos en 2013. Como es lógico, la metrópolis no
puede dejar abandonada a su colonia.
La
situación es tan desesperante para los puertorriqueños que hasta un diario de
ultraderecha y neoliberal como El Nuevo Herald enfatizó que “Las pruebas del
caos financiero que envuelve a la isla son evidentes en un sinnúmero de sitios
y aspectos: en los restaurantes y bares de la zona del Viejo San Juan que en
otras épocas derrochaba prosperidad; en los negocios de toda la isla donde los
dueños pasan gran parte del día tratando de que clientes decidan entrar; en las
estadísticas que indican que la población se ha reducido en los últimos 10 años
porque abandonan el país; y en la exasperación que dejan ver los que tienen que
sobrevivir todas las dificultades”.
Para muchos de los 3 600 000 habitantes del país, que llevan luchando
con la incertidumbre económica durante largos años, la vida se ha vuelto mucho
más cara.
El anterior gobernante
republicano Luis Fortuño, reconocido neoliberal que abogaba por la anexión
plena de Puerto Rico a Estados Unidos, impuso en 2009, el ahorro de 2 000
millones de dólares en gastos públicos mediante la llamada Ley 7, la cual
implicaba el despido masivo de más de 21 000 funcionarios y trabajadores y el
perjuicio para sus familias.
Con el argumento de “hacer el
gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema”,
Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicaba
ya en ese año en 15,8 %
Pese a que los sindicatos del
sector público organizaron por primera vez masivas manifestaciones en el ELA,
las que en momentos logró unir a más de 100 000 ciudadanos, las quejas no
dieron resultados porque cayeron en los oídos sordos de Fortuño.
Hace unos meses, el gobierno
puertorriqueño contrató un equipo de expertos liderados por la ex economista
jefe del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional, Anne
Krueger para que evaluara el escenario real de la isla y sus conclusiones no
son nada halagüeñas.
El informe resulta desolador pues
puntualiza que la situación es insostenible y propone acelerar las medidas
neoliberales que, lejos de ayudar, han llevado a la debacle al país.
Entre las recomendaciones se
encuentran, recortar en 2 000 millones de dólares el gasto público anual hasta
2020 (lo que supone cerca del 20 % del presupuesto actual) y en 2 500 millones
hasta 2025; sentarse a renegociar la deuda y reclamar a Washington que se exima
a la isla de pagar el salario mínimo federal que es de 7.25 dólares la hora y
que se le permita ampararse en la
Ley de Quiebras.
También propone recortar
prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el
despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública. En
Puerto Rico sólo el 40% de la población adulta trabaja o busca trabajo (el
resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión ha caído un
10% y los activos bancarios en 30%.
Datos de Organizaciones No
Gubernamentales indican que mientras el 72,6% de la población
vive en precarios niveles de pobreza, dos millones de automóviles surcan sus
carretera y más de 10 000 habitantes (la mitad jóvenes) son adictos a las
drogas.
El gobernador García Padilla ya tiene en su portafolio
varias medidas para “solventar” la situación: aumentar los impuestos a la venta de 7% a 11.5%, reducir en
11% los servicios de atención de salud Medicare y Mediciad para 2016, eliminar
puestos de trabajo en empresas y la administración, y disminuir los pagos de
jubilaciones.
Para José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de
Trabajadores de Puerto Rico, aunque la deuda es impagable las medidas que
propone emprender la gobernación, empobrecerán más a la isla. Y reafirmó, “se
acerca una crisis, las cosas no van a mejorar y lo peor está por llegar”.
Incuestionablemente, el
neoliberalismo no es la solución.
El expresidente y actual senador uruguayo, José “Pepe” Mujica, calificó de brutal la solución impuesta el pasado lunes por al Unión Europea a la crisis que atraviesa Grecia por la deuda. 
