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Las garantías para la participación política no son solo un conjunto de disposiciones y reglamentos para que las tendencias opositoras participen en determinados niveles de la institucionalidad liberal como el Congreso, las Asambleas o los concejos municipales. O la utilización equilibrada de los medios de comunicación. O la intervención en temas centrales como la política fiscal, la justicia, la defensa nacional, la estrategia social o regional.
El punto critico se focaliza en el derecho fundamental a la vida de los militantes y líderes de las organizaciones políticas que se conformen a la firma de un acuerdo de paz.
Con la experiencia terrible del genocidio de la Unión Patriotica por parte de militares, policias y paramilitares los desafíos son mayúsculos. Han sido 27 años de exterminio sistemático de una agrupación política que surgió con los Acuerdos de Paz en 1986, entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc en La Uribe, que lleva las firmas de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, dos líderes históricos que son la huella y escritura de la resistencia campesina colombiana.
El derecho a la vida para evitar otra cacería callejera de los lideres guerrilleros de las Farc incorporados a la vida civil es un reto descomunal para toda la sociedad y el campo democrático nacional.
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En ese sentido el primer punto es el desmonte del paramilitarismo y el neoparamilitarismo que es un instrumento de la ultraderecha que incluye a las fuerzas militares y policiales, obviamente a encumbrados políticos del régimen oligarquico tradicional.
El paramilitarismo sigue latente y vigente. Es una fuerza regional con mucho poder. Solo basta con hacer un seguimiento detallado a lo que sucede en Cucuta, donde se ha registrado en estos días una masacre en el corregimiento de Palmarito, provocando un masivo desplazamiento hacia el centro de la capital Nortesantandereana, para confirmar que esta maquina paranoica de guerra se encuentra vivita y coleando.
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Una observación molecular del fenómeno en el episodio que estamos registrando nos permite localizar todas las fuerzas que concurren en la acción criminal de los Rastrojos de Cucuta. Allí está la policía prestando su concurso a los jefes asesinos a quienes entrega información privilegiada, tecnología y dotación bélica; está el Ejercito y sus unidades especializadas amarrados con las bandas del terror; está el Alcalde; el Personero y la Defensora del "pueblo". En el fondo, moviendo todo el tinglado, los políticos gobiernistas que se nutren con los multimillonarios recursos del narcotráfico y el contrabando en la frontera porque no les basta el despojo, vía corrupción, de los presupuestos públicos.
Nada fácil este punto. Se requiere de mucha fortaleza y pericia para resolverlo. Pero Cucuta no es un caso aislado. En Bogota, la capital de la República, hay una alianza entre los dispositivos estatales armados y las bandas criminales que salió a relucir el pasado 29 de agosto a raíz del paro agrario. Ese día funciono un acuerdo, según la denuncia del Alcalde Petro, entre cuerpos de seguridad policial y bandas criminales para generar el caos en Suba, Engativa, Facatativa, Ciudad Bolivar, Bosa y Soacha.
En Medellin ocurre igual. El neoparamilitarismo sigue actuando a plena luz del día.
En Cali y el Valle del Cauca los nuevos grupos de autodefensa patrocinados por los militares y políticos están en funcionamiento.
En Barranquilla el paramilitarismo se mueve desde las cárceles y las oficinas de los caciques electorales. Reconocidos paramilitares actúan a la luz del día en el control de la gobernación de Sucre, en el terror que impera en el Magdalena, en las campañas de sangre contra los campesinos y mineros en el sur de Bolívar, en el domino estatal que se ejerce en el Cesar, en el desafió que realizan desde la gobernación y las alcaldías de la Guajira, en el control de las zonas costeras de Córdoba.
Para qué ahondar en la situación de Santander y Bucaramanga, cuya gobernación es un parapeto de los neoparamilitares que desde las cárceles mueven todos los hilos del funcionamiento estatal.
En el Caqueta y Putumayo, militares y paramilitares, hacen vida en común montando retenes en Montañitas, Morelia, Balsillas, Florencia, Puerto Arango, Mocoa, Santana, Puerto Asís y Paujil.
En Cundinamarca, en Pacho y en toda el área del Magdalena Medio, El Águila ya recompuso todo su poderío y ejerce un dominio absoluto sobre alcaldías y comandos de la gobernación, incluyendo la Universidad de Cundinamarca que saquea el señor Adolfo Polo.
En el eje Cafetero los señores de la droga, los del Norte del Valle, han recompuesto las bandas asesinas en Pereira, Cartago, Armenia, Chinchina y la Dorada. Se financian con el chance y la contratación pública que han capturado de manera absoluta.
El control militar y neoparamilitar es una red de miedo en el eje Neiva, Espinal, Ibague, llegando hasta Honda en el Magdalena Medio.
Es mentiras que el paramilitarismo haya sido eliminado como afirman en el Ministerio de Defensa Es sobre esa realidad que el Fiscal Eduardo Montealegre ha señalado que el mayor peligro para la paz está en la guerra sucia de exterminio que se prepara contra los movimientos políticos que se organicen con eventuales acuerdos que se firmen.
Es por tal razón que los delegados de las Farc han insistido en la necesidad de desmontar ese Frankestein del terror, y el paso más importante en esa dirección es la depuración y reestructuración de las Fuerzas Armadas en todos sus componentes.
En los cuerpos armados del Estado hay Fredys Padillas, Rito Alejos, Montoyas, Santoyos, Flavios, Ospinas, Mejías, Castaños,Marcolinos, HHs, por montones. Todos ellos formados en la tenebrosa doctrina contrainsurgente de la Seguridad Nacional que se financia con el Plan Colombia.
Nota: Para algunos seudoizquierdistas e intelectuales de pacotilla, resulta muy fácil descalificar el compromiso revolucionario de las Farc en los diálogos de La Habana. Es el abismo que media entre la práctica comprometida y la estéril retórica sin mayor efecto en la realidad de los cambios que se buscan para la nación.
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