No estaríamos ante un nuevo escándalo de corrupción al uso. Pero sí ante unas irregularidades que si se confirman a la luz pública, y más si eso ocurre en los tribunales, harían insostenible la situación de los sindicatos
El escándalo creciente sobre la financiación de la UGT –y que a no mucho tardar podría afectar también a Comisiones Obreras- podría ir bastante más allá de la eventual dimisión de Cándido Méndez. Porque lo que está saliendo a la luz –aunque, hasta ahora, a través de informaciones confusas, muchas veces sesgadas y no pocas interesadas- apunta cada vez más a las claras a que tal vez desde hace más de dos décadas los dos mayores sindicatos españoles han venido financiando una buena parte de de sus gastos, posiblemente la mayoritaria, mediante la utilización para sus propios fines orgánicos, y sin que ninguna norma les permitiera hacerlo, de un porcentaje significativo de las ingentes subvenciones que reciben del Estado para atender a otras actividades.
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