CCOO de Castilla-La Mancha ha denunciado en rueda de prensa la iniciativa de la Consejería de Empleo y Economía del Gobierno regional de privatizar parte del trabajo de las oficinas de empleo, concretamente la evaluación de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo. La licitación se publicó el 25 de noviembre en la web del Gobierno regional, y hasta el 3 de diciembre no se ha publicado en el Diario Oficial.
Carmen López y Lola Santillana durante la rueda de prensa.
Esta iniciativa, denuncia Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, se produce después de que se despidieran entre junio y diciembre de 2012 a 188 orientadores laborales. “Se desmanteló el servicio, a los ya casi 260.000 desempleados y desempleadas, y ahora se les da una nueva vuelta de tuerca y se elimina el principio de cercanía y proximidad, pues las entrevistas se realizarán on line o telefónicamente”.
Lo que persigue el Gobierno regional, según Santillana, es dejar abandonadas a las personas desempleados con la doble finalidad de privatizar el servicio de empleabilidad, lo que costará al erario regional 1,2 millones de euros, y fiscalizar a las personas desempleadas para maquillar los datos de empleo.
“No han conseguido bajar el paro regalando dinero a las empresas a través del programa Empresa-empleo y pretenden hacerlo maquillando los datos con la privatización del servicio”, añade Santillana.
La única exigencia que tendrá la adjudicataria es la elaboración de un informe final en el que no se da importancia a los medios de obtención de los datos, por lo que es difícil recoger de modo objetivo la empleabilidad de las personas de una manera distinta a la presencial.
Lo que persigue el Gobierno regional, según Santillana, es dejar abandonadas a las personas desempleados con la doble finalidad de privatizar el servicio de empleabilidad, lo que costará al erario regional 1,2 millones de euros, y fiscalizar a las personas desempleadas para maquillar los datos de empleo.
“No han conseguido bajar el paro regalando dinero a las empresas a través del programa Empresa-empleo y pretenden hacerlo maquillando los datos con la privatización del servicio”, añade Santillana.
La única exigencia que tendrá la adjudicataria es la elaboración de un informe final en el que no se da importancia a los medios de obtención de los datos, por lo que es difícil recoger de modo objetivo la empleabilidad de las personas de una manera distinta a la presencial.
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