El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de “ocupantes de buena fe”. La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe.
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