El socio de Gobierno, IU, va a presentar al grupo socialista el primer borrador del futuro decreto-ley de patrimonio agrario andaluz, una norma prevista en el pacto de Gobierno que permitiría a la Junta expropiar fincas que lleven sin cultivar dos años como mínimo, siempre que se trate de tierras susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal. Las expropiaciones también incluirían las tierras infrautilizadas, donde no se aprovechen bien los recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos.
El uso de esos terrenos sería más tarde cedido gratuitamente a personas en paro, vecinos de la zona donde se encuentren las fincas y que, o bien tendrían que organizarse en cooperativas, o bien la cesión se articularía mediante convenios con los ayuntamientos. Para optar a las fincas, tendrían que presentar un proyecto que les obliga a renunciar al uso de semillas tratadas genéticamente y a cultivos destinados a la producción de biocombustibles. Los adjudicatarios percibirían un salario fruto de los beneficios de explotación y sus productos se comercializarían en mercados locales. Los cultivos han de ser “sociales”, enfocados a la creación de empleo y vinculados a las características agrícolas de la zona. En el plazo de cinco años, las cooperativas beneficiarias tendrían que demostrar que al menos el 60% de la explotación ha obtenido la certificación de agricultura ecológica.
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