Desde el punto de vista del derecho internacional, la seguridad ciudadana no debe restringir el cumplimiento de derechos civiles, según los juristas.
Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. "Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos", aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].
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