Una minera con la cara ensangrentada, tras ser golpeada por la policía, es retenida por antidisturbios durante la manifestación celebrada en Madrid el 11 de julio de 2012. / Javier Lizón (Efe)
Primero vinieron a por los derechos, ahora a por las libertades. Pero no lo han tenido fácil: se han encontrado con la resistencia y movilización popular, mareas y huelgas generales. Y eso es lo que les ha puesto nerviosos. Cuando un gobierno aplica una política antisocial de forma sostenida, cuando intenta robar el futuro a sus ciudadanos, solo le queda la mentira y la represión para mantenerse en el poder. Con el revuelo ocasionado por el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana se han encendido todas las alarmas, pero no es la única agresión. Antes está el proyecto de nuevo Código Penal de Gallardón y se anuncia para después una ley de Servicios Mínimos para recortar el derecho de huelga. Son tres patas sobre las que asentar una legislación para reprimir la protesta ante la injusticia. Son un intento de criminalización generalizada del conflicto social que se lleva por delante derechos y libertades constitucionales y nos puede colocar en la senda hacia el fascismo. Analizaremos las tres agresiones, pero antes intentemos comprender la lógica autoritaria del poder y ver la práctica represiva que viene aplicando.
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