Los diálogos de paz
Actualmente
el país habla de paz, de la paz que se dialoga en La Habana, la paz que propone
la academia, la sociedad, el estado, la que propone la guerrilla de las
FARC-EP; y la paz que grita el pueblo colombiano, en especial las comunidades
víctimas del conflicto. Necesaria, urgente e indispensable, por esto debe estar
en boca de todos. La pregunta inmediata es: ¿En qué va eso? O mejor, ¿Cómo
vamos con aquello de la paz?
El 26 de
agosto del 2012 la insurgencia de las FARC- EP y el gobierno nacional de la
República de Colombia firman el denominado “Acuerdo General para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en donde, tras
reconocer la necesidad de la paz para el pueblo colombiano, el fin del
conflicto armando y el papel que juegan estos eventos en el desarrollo regional
y mundial. Enmarcado a su vez en la justicia social, se acuerdan la metodología
y agenda de los diálogos de paz más relevantes en la historia de Colombia hasta
el día de hoy. Pues desde los acuerdos de La Uribe en 1982 bajo la Presidencia
de Belisario Betancourt Cuartas y los otros cinco diálogos de paz con los
actores armados “ilegales”, y en este caso específico con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP); no se vislumbraban
unos diálogos de tal carácter como los de hoy. Con la inclusión de las
víctimas, de la academia, de la sociedad en general. Con el apoyo incondicional
internacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos en todo el
mundo.
Tal carácter
le ha impuesto a estos diálogos la seriedad y el carácter que merece su nombre,
de igual manera le han fortalecido al pueblo colombiano el sueño de la paz
verdadera y duradera. “...Con la disposición total del Gobierno Nacional y de
las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad
colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad
internacional, a acompañar este proceso...” (mesadeconversaciones, 2012) El
acuerdo firmado consta de una agenda con seis puntos de diálogo: 1. Política de
desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto,
4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, 6.
Implementación,
verificación y refrendación. Todos estos bajo un conjunto de reglas y garantías
de diálogo de la mano de un principio fundamental: “Nada está acordado hasta
que todo esté acordado”.
En el pasado
mes de junio del año 2014 la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad
pública encargada del desarrollo de estrategias, control, vigilancia, dirección
y asesoramiento en lo que concierne a las acciones de paz por parte del estado
colombiano; publicó una cartilla denominada “Entérese del proceso de paz” como
información pública sobre la situación actual de los diálogos y de acceso
nacional a toda la sociedad. Cartilla entregada de forma gratuita en la
reciente feria del libro en la ciudad de Bogotá de la mano de otras
publicaciones. Dicha publicación resume a groso modo lo acordado a la fecha,
las fases del proceso y concluye con dos interesantes textos por parte del jefe
de la delegación del Gobierno Nacional y el Alto comisionado para la paz.
Hasta el
momento en el que se escribe este artículo han sido firmados tres acuerdos en
los diálogos de paz. 1. Política de desarrollo agrario integral (en el cual se
profundiza más adelante), 2. Participación política y 3. Solución al problema
de las drogas ilícitas. Teniendo en cuenta que el Presidente de la República
Juan Manuel Santos Calderon decidió dialogar en medio de la guerra, sin un cese
al fuego bilateral, con el riesgo que ello implica y con los últimos
acontecimientos violentos por parte de los actores armados en las diferentes
regiones del país, de la mano del cese al fuego unilateral con ya más de 137
días por parte de las FARC-EP; se evidencia no sólo la seriedad y compromiso
con los diálogos por las partes, sino el avance importante que se ha dado, ya con
la mitad del diálogo avanzado y a pesar de las críticas y de los hechos en
medio del mismo el proceso que si bien va por buen camino, tiene grandes
dificultades, pues mientras se habla de paz en Cuba, en Colombia la guerra se
intensifica y ese sueño de paz se difama en las regiones del país, mezclando el
continuo discurso de paz del Estado y la guerra que intensifica en hechos y
palabras.
Cómo olvidar
los dudosos hechos del pasado 14 de abril de 2015 donde resultan muertos 11
soldados de la brigada móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército
colombiano en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, norte
del Cauca por un presunto ataque de la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de las
FARC-EP sobre las 11:30 de la noche. Hecho que generó controversia nacional,
sin duda por el amarillismo de los medios de comunicación, de la mano del
oportunismo político del uribismo y los enemigos de la paz, a tal punto que
Santos decide reanudar los bombardeos suspendidos en fechas pasadas e
intensificar la guerra oponiéndose al actual cese al fuego de dicha guerrilla y
poniendo en riesgo la continuación de los diálogos; mientras que según un
reporte de Contagio Radio, medio de prensa alternativo “ (...)desde el mes de
enero de 2015 hasta el 14 de abril, la Fuerza Pública ha realizado 55 acciones
operativas ofensivas, entre ataques y hostigamientos hacia las FARC-EP y contra
la población civil. Según denuncias analizadas por el Frente Amplio, durante
ese periodo se presentaron 15 ataques de parte de las fuerzas militares contra
la guerrilla, 11 acciones operativas en territorios de parte de la fuerza
pública, 3 cercos militares a las FARC EP, quienes a su vez realizaron 2
ataques defensivos. Además las FFMM realizaron 4 operaciones de persecución
contra las estructuras guerrilleras y 8 bombardeos indiscriminados...”
(ContagioRadio, 2015). Estos sucesos evidencian la continuidad de la guerra en
medio de los diálogos, la doble moral en los mismos y la preocupante situación
actual de esa llamada “paz estable y duradera”.
Al finalizar
los informes de los acuerdos, Humberto de la Calle, jefe de la delegación del
Gobierno Nacional explica -desde su posición claro está- resumidamente lo que
es y lo que no es el diálogo con la insurgencia, recalcando que la propiedad privada
no está en discusión y mucho menos la estructura y funcionamiento de las
fuerzas armadas, pues seguramente para el gobierno nacional un ejército de más
de medio millón de hombres y el gasto militar más alto del continente es un
garante constitucional en un contexto de paz. Una paz con armas y cañones por
todo el territorio. En dicho texto -como rindiendo cuentas- le aclara a los
enemigos del diálogo varios puntos, de la mano de un discurso que perpetúa el
interés de la clase que representa, la protección de la inversión privada, la
intervención extranjera y los leves cambios en la institucionalidad que vienen
en el estado que representa.
Por otro
lado Sergio Jaramillo Caro, Alto comisionado para la paz y plenipotenciario de
la delegación del Gobierno Nacional, se extiende en cuatro páginas y media de
dicho informe con un texto enmarcado de derechos, institucionalidad y
democracia en el cual, en medio de palabras bonitas, plasma puntos claves de
este importantísimo proceso de paz:
1. La
importancia de la paz para la sociedad colombiana y para que el Estado llegue a
aquellos lugares donde no llega y donde nace la insurrección armada producto
del abandono, (...)"El problema evidentemente es que si un país vive un
conflicto -aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e
intensidad-, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su
capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el
territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas de la
sociedad... Tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los
incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo
van a hacer valer los derechos de todos por iLos diálogos de pazgual”(...)
(Jaramillo, 2014)
2. El
necesario cambio del modelo centralista del estado actual. Jaramillo es
consciente de que el país no puede seguirse direccionando desde La Casa de
Nariño, gobernar un país no se reduce a despachar órdenes a diestra y siniestra
desde cualquier entidad pública, es importante la apropiación de la comunidad
en las decisiones gubernamentales en donde aclara que: (...)“El estado
colombiano ha intentado todo tipo de programas para llevar desarrollo a las
regiones apartadas. Sin negar sus logros, creo que el modelo centralista en el
que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para
“traer el Estado”, se quedó en el aire, he hecho parte de esos esfuerzos y
conozco sus méritos y limitaciones. Y estoy convencido de que así el estado nunca
va a llegar a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad...
necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial,
basada en una nueva alianza entre el estado y las comunidades para construir
conjuntamente institucionalidad en el territorio”(...) Algo que denomina como
una “campaña para la paz” en donde al concluir los acuerdos se busque movilizar
a todo el país en torno a la necesidad de la construcción de paz con el fin de
generar credibilidad en torno al proceso, reducir la brecha de la sociedad con
los diálogos, establecer las formas de reincorporación de las guerrillas a la
vida civil y a la vida política sin armas y la construcción de espacios de
reconciliación y deliberación en las comunidades.
3. La
propuesta de lo que él llama “justicia y paz territorial” que no es más que
poner en discusión nacional la justicia transicional en donde se busque
garantizar derechos a todas las víctimas del conflicto armado, por medio de la
participación política de las mismas, garantizando la justicia en los
territorios por medio del diálogo interno de la comunidad, la reparación, la
verdad y las garantías para la NO repetición de los hechos para ellos y otras
personas.
Concluye
Jaramillo recalcando la importancia de que lo acordado debe ser refrendado por
todo el pueblo colombiano como lo viene manifestando Santos hace varios meses e
invitando a todos a apropiarse del tema, propuesta alterna pero no
contradictoria con la propuesta de las organizaciones sociales y de las mismas FARC-EP
de refrendar el acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el
constituyente primario por medio de espacios locales, barriales y regionales,
sea quien decida sobre el futuro político, económico y social del país mismo.
Palabras
profundas y agradables al oído de cualquiera con importantes aportes para el
proceso, pero que se contradicen con el accionar del Estado. Que dejan en duda
las intenciones al separar por un lado a las comunidades del Estado para “crear
alianzas” y por otro lado hablar de la necesaria participación y movilización
de las mismas, desconociendo una vez más las acciones de los movimientos
sociales entorno a la paz, como el proceso de “Constituyentes por la Paz con
Justicia Social” iniciativas de diálogo comunitario para establecer
territorialidad y paz en las regiones del país, o como la gran movilización
nacional de millones de personas a nivel nacional e internacional el pasado 9
de abril en apoyo a los diálogos y al proceso de paz convocada por el
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y demás sectores sociales que
respaldan y exigen paz en el territorio colombiano.
El acuerdo agrario
Ahora
profundicemos un poco en lo acordado y toquemos el tema rural pues, es en esta
crisis profunda donde brota, en 1964, en manos de familias campesinas del
Tolima colombiano, la guerrilla de las FARC-EP como ejército campesino que se
resiste a las políticas de saqueo, el abandono, la pobreza, el hambre y demás
conjuntos de inequidades que vive el campesinado hace más de 50 años.
De manera
curiosa pero trascendental al mismo tiempo, el primer acuerdo dado a conocer en
La Habana Cuba entre el gobierno nacional y esta guerrilla colombiana el 21 de
junio de 2013, fue la Política de Desarrollo Agrario integral. Dicho acuerdo
parte de garantizar el acceso a la tierra de forma equitativa para la población
más afectada, las mujeres cabeza de hogar, el pequeño y mediano productor,
campesinos y campesinas del país que han sido despojados de sus tierras, que
nunca han sido legalmente dueños de ella o que lo que tienen actualmente es
insuficiente. El acuerdo busca otorgar tierras para fortalecer la agricultura
familiar y comunitaria, como solución pronta a la grave crisis actual del campo
en Colombia; esto por medio de la creación de un Fondo Nacional de Tierras
recuperadas de aquellos que las tienen hoy de forma ilegal producto del
desplazamiento forzado y el paramilitarismo, con vocación agrícola
inexplotadas, o en medio de una zona de reserva forestal con vocación agrícola
de ser el caso.
Según el
informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y
las FARC-EP dado a conocer en enero de 2014 este acuerdo (...)“No se trata
simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral;
es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades
para hacer uso de ellas (como capital, semillas, riego donde sea necesario,
asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que
contribuya a la productividad y el bienestar mediante provisión de bienes y
servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable y apoyo a
diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la
comercialización de productos”(...) (FARC-EP, 2014) lo que evidencia el interés
de ambas partes para la solución a la crisis agraria en Colombia.
Por otro
lado se nombra la formalización de la propiedad rural, subsidios y créditos
especiales, la formación de una jurisdicción agraria que garantice la
protección a los derechos de propiedad en el campo en cuanto uso del suelo,
catastro rural eficiente, conciliación y resolución de conflictos; También se
tocan temas transversales para la transformación del campo en materia de
educación, salud, vivienda agua y saneamiento básico con una mirada territorial
que garantice cobertura a todo el campesinado de forma digna, (...)“se acordó
un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía
campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores
ingresos”(...) (FARC-EP, 2014) buscando de esta forma estimular la economía de
las regiones del país en donde la pobreza es ley.
Por último
en dicho acuerdo se menciona la necesidad de fortalecer el sistema de
protección y seguridad social de los campesinos y campesinas. Dentro de este
sistema de protección se enmarca la producción de planes departamentales y
locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados de la mano de
consejos locales y departamentales entorno al tema y un consejo nacional de
alimentación y nutrición que tendrá como función principal definir lineamientos
y coordinar dicha política pública en todos los niveles. "(...)Se
fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un
manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas
especiales contra el hambre. Crearemos concejos de seguridad alimentaria y
nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una
institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades(...)"
(mesadeconversaciones, 2012) y por otro lado “(...) El acuerdo reconoce que las
Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la
economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la
producción de alimentos”(...) (FARC-EP, 2014) De tan profunda importancia es
está parte del acuerdo para el futuro del derecho fundamental a la alimentación
que me detendré para revisarlo de forma más minuciosa.
Seguridad y Soberanía Alimentaria
Si bien el
Conpes 113 de 2008, nuestra política actual de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SAN-, especifica que: “(...)la política está dirigida a toda la
población colombiana y requiere de la realización de acciones que permitan
contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas,
asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, en los grupos de
población en condiciones de vulnerabilidad(...)” (DNP, 2008) donde el gobierno
en su política nacional evidencia la necesidad de garantizar a toda la
población colombiana condiciones de vida digna que permitan la realización del
derecho a la alimentación en todos sus niveles; hoy al 2015, después de 7 años
de ser establecida dicha política, la situación alimentaria de la sociedad
colombiana no deje de ser preocupante.
A la espera
de la nueva Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia la ENSIN
2015, la cifra actual de inseguridad alimentaria del país es de 42,7% (ENSIN
2010) y pese a esto, las acciones concretas de dicha política comenzaron a
evidenciarse hasta cuatro años después de su publicación, las ayudas
alimentarias y nutricionales no pasan de ser eso, ayudas que no garantizan en
desarrollo autónomo de la alimentación en la población colombiana y en especial
de la población más vulnerable siendo esta la principal afectada.
“(...)Las
cifras lo dicen, la situación lo confirma y, sin embargo, el Estado no ha
logrado garantizar a esta población la restitución de los derechos que les han
sido vulnerados y que van desde el derecho a su tierra y a su territorio, la
garantía de poder contar con una actividad económica para el logro de su
subsistencia, su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional y demás
derechos económicos, sociales y culturales. Sólo la garantía de estos derechos
les permitirá mejorar su calidad de vida, por sus medios y sin tener que
depender de los programas eternos de ayuda alimentaria, que no son más que
paliativos y no logran constituirse en una respuesta eficaz para la superación
de la desnutrición, el hambre oculta y la muerte por estas causas(...)”
(Gordillo, 2011)
Es crítico
reducir toda una política alimentaria a nivel rural de país al asistencialismo,
por tal motivo lo discutido en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional
de la población rural del país en La Habana es clave, no sólo para quienes han
de ser beneficiados, sino para la política alimentaria del país, pues es en el
campo y son los campesinos colombianos quienes siembran y cosechan los
alimentos de toda la población colombiana.
El
garantizar una transformación en la agricultura nacional impacta directamente
el acceso y disponibilidad de alimentos en el país, de la mano de la reducción
de las cifras de hambre y malnutrición de nuestra población rural; Hechos que
se plasman de forma concreta en el acuerdo actual, en donde en primera medida
se garantiza el acceso de forma integral a la tierra cuya vocación ha de ser
específicamente agrícola priorizando la producción y comercialización de
alimentos; y en segunda medida establece instituciones locales y regionales para
el seguimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones, de
tal forma que se garantice la exigibilidad y vigilancia al derecho humano de la
SAN de toda la población rural, contribuyendo del mismo modo a la seguridad
alimentaria y nutricional del país mismo.
De la misma
manera teniendo en cuenta el derecho de los países a su soberanía nacional y
por ende a su soberanía alimentaria entendiendo esta última como “el derecho de
los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias políticas
agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que sean adecuadas desde
el punto de vista ecológico, social, económico y cultural a sus circunstancias
únicas. Esta incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir el
alimento, lo que significa que todo el mundo tiene el derecho a una
alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursos para
producir estos alimentos, así como el derecho a poder alimentarse a sí mismo y
a sus sociedades”. (FAO, 2002)
Este acuerdo
agrario, al ser refrendado por las comunidades, permite la construcción local y
regional de dicha política, haciéndola soberana a las acciones alimentarias
nefastas establecidas en los previos acuerdos de libre comercio y las
intenciones alimentarias de las potencias exportadoras de alimentos a nivel
internacional. Fortaleciendo la cultura y costumbres alimentarias de alguna
manera con el impulso de la producción agrícola de los productos alimenticios
regionales que contribuyen con la alimentación de la región y del país.
Aun así la
política acordada se queda corta en cuanto al tema de Soberanía Alimentaria
pues no se especifican las acciones alrededor del fortalecimiento y protección
de las semillas nativas, el reconocimiento y rescate de la cultura alimentaria
en la totalidad de las comunidades, el fortalecimiento del auto consumo urbano
y rural y la construcción de un tejido alimentario en todo el país entendiendo
este como una plataforma donde esos consejos locales de SAN y las comunidades
campesinas y urbanas tengan la oportunidad de articular propuestas entorno a
las decisiones a corto y largo plazo en alimentación y nutrición. Es clara la
vía campesina afirmando dentro los siete principios de la soberanía alimentaria
que:
“(...)La
Soberanía Alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos
naturales, especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales. Las
personas que trabajan la tierra deben tener el derecho de practicar la gestión
sostenible de los recursos naturales y de preservar la diversidad biológica
libre de derechos de propiedad intelectual restrictivos. Esto solamente puede
lograrse desde una base económica sólida, con Seguridad en la tenencia, con
suelos sanos y uso reducido de agroquímicos(...)” (FILHO & SCHOLZ, 2008)
El acuerdo
de reforma agraria integral, al día de hoy, no es claro en la relación que
tendrán las familias campesinas con la naturaleza, y el impacto ambiental de la
reforma agraria en cuanto a asistencia técnica, comercialización y producción.
Si no se tienen en cuenta los efectos ambientales el tema de soberanía
alimentaria queda en el aire, la reforma agraria integral no toca el peligroso
tema minero energético del país, preocupante para la salud de las comunidades
enmarcada en la seguridad humana y seguridad ambiental, componentes claves de
la seguridad y soberanía alimentaria del país.
El tema no
se pude concluir sin un acuerdo general de paz y sin la refrendación del mismo,
donde por parte del autor se comparte la iniciativa de una gran asamblea
nacional constituyente en la cual las comunidades puedan reafirmar la política
pública del país que garantice una paz realmente estable y duradera,
reconociendo los procesos de organización y movilización por la lucha de la
tierra hasta el día de hoy, la consolidación del tejido social en campos y
ciudades en torno a una construcción de país y el freno inmediato del
paramilitarismo. Es importante seguir con lupa el asunto agrario y por ende el
futuro mismo de la seguridad y soberanía alimentaria, exigiendo en este espacio
de constituyente la protección misma de la naturaleza y una mejor relación del
hombre con la tierra, frenando la peligrosa locomotora minera del actual
periodo presidencial, exigiendo precios de sustentación y control a la
desmesurada política de libre comercio del actual sistema neoliberal.
A modo de
propuesta se indica el replantear en Colombia dinámicas de seguridad y
soberanía alimentaria llevadas a cabo en la región con ejemplos claros como
Ecuador, Bolivia y Venezuela, teniendo en cuenta las particularidades del país
y sumándonos del mismo modo a las iniciativas económicas y políticas
latinoamericanas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Referencias
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http://www.contagioradio.com/fuerza-publica-ha-cometido-55-acciones-contra-farc-y-civiles-frente-amplio-articulo-8098/
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FAO, F. A.
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conversaciones. (26 de 08 de 2012). www.mesadeconversaciones.com.
Obtenido de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf
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