Lamenta
que se procese por «calumnia» o «denuncia falsa» a quienes denuncian haber sido
torturados
La
tortura sigue siendo una práctica endémica en Marruecos pese a que las
autoridades hayan acometido en los últimos años algunas reformas para acabar
con su uso, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI) en un informe en el
que ha documentado 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos.
Palizas,
posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica
y sexual, son algunas de las técnicas de tortura empleadas por las fuerzas de
seguridad marroquíes para obtener «confesiones» de delitos o silenciar a
activistas y sofocar la disidencia, según la ONG.
«Los
líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los
Derechos Humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la
amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo», ha defendido el
secretario general de AI, Salil Shetty.
«Si
se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la
protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o
defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y
tortura», ha lamentado en un comunicado.
El
informe, «La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental»,
se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la
Policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre
2010 y 2014.
Según
la ONG, entre ellos figuran estudiantes, activistas políticos de filiación
izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara
Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.
En
el texto, Amnistía resalta que tras la llegada al trono de Mohamed VI hubiera
un «reconocimiento de la responsabilidad del Estado» en las torturas y otras
violaciones de Derechos Humanos cometidas durante los llamados «años de plomo»
(1956-1999) y el hecho de que el país se haya sumado en los últimos años a
varios mecanismos internacionales en la materia, además de incluir en su
Constitución de 2012 la prohibición expresa de la tortura.
«Un
verdadero cambio»
Sin
embargo, «el verdadero cambio exige más que un compromiso sobre el papel»,
defiende la ONG. Aunque el nivel con el que se recurre a las torturas «es menor
que en décadas anteriores» todavía se sigue llevando a cabo porque «no se
aplican las garantías existentes» sobre todo la de investigar las denuncias de
estas prácticas y la impunidad que parece imperar al respecto.
Amnistía,
que no ha podido realizar una misión de investigación como tal en Marruecos
para elaborar su informe, ya que las autoridades prohibieron a la organización
el acceso en octubre de 2014, remitió al Gobierno marroquí una evaluación
preliminar de las conclusiones de su informe, a la que Rabat respondió
exponiendo sus esfuerzos para combatir la tortura, incluidas las reformas
jurídicas previstas.
«El
Gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas
medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia
grave», ha sostenido Shetty, incidiendo en que la organización ha «documentado
173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición».
«La
legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga
significado en la práctica, la autoridades deben investigar debidamente las denuncias,
en vez de descartarlas sin más», ha subrayado.
El
informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y
durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Asimismo,
constata que con frecuencia los tribunales hacen la vista gorda ante las
denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.
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