Los pasados 6 y 7 de julio, España fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ayer se hicieron públicas las observaciones finales
Entre sus preocupaciones, el Comité lamenta que España no asegure la aplicación directa del Pacto a pesar de lo establecido en la Constitución, y no tenga mecanismos adecuados que permitan la aplicación directa de los dictámenes adoptados por el Comité. Este aspecto cuestiona el compromiso real de España con los mecanismos de Naciones Unidas, especialmente aquellos que permiten la presentación de quejas individuales, al negarles el carácter vinculante a sus dictámenes.
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