Nosotros,
observadores internacionales del conflicto de Curuguaty, manifestamos
nuestro entendimiento a partir de la visita realizada los días 26 al 29
de julio de 2015.
Estuvimos
con los procesados, sus familiares y con familiares de las víctimas de
la Masacre de Marina Cue y también en el juicio de los días 27 y 28 de
julio, donde se determinó la suspensión de la instancia decisiva hasta
el día lunes 3 de agosto del corriente.
Pudimos verificar que las instituciones del sistema de justicia de la República del Paraguay no están buscando saber las causas que originaron el conflicto, a saber:
1. A quién/quiénes pertenece la propiedad donde se desató el conflicto.
2. Por qué el Estado paraguayo no garantiza el derecho a la tierra de las familias afectadas.
3. Por qué el uso desproporcionado de la fuerza policial para tratar a los campesinos.
La no
investigación de las causas del conflicto hace entender que la Justicia
paraguaya solo está juzgando las muertes de los policías, no así las de
los campesinos.
Se
percibe en la sociedad y en las familias una falta de confianza en las
instituciones del sistema de justicia paraguayo. Esta desconfianza
también fue percibida por los observadores cuando, durante el juicio del
día 28 de julio, el juez que presidía la mesa del tribunal afirmó no
poder otorgar el plazo solicitado para que el nuevo abogado de los
procesados pudiera prepararse, ya que existía una presión de la prensa
que solicitaba conocer la condena. Tal declaración dio indicios de la
falta de independencia de los agentes de la Justicia paraguaya.
Finalmente,
consideramos que hay que esperar de la actuación del Estado democrático
la concreción de la justicia social y no la respuesta a intereses
particulares que afecten negativamente la búsqueda de la verdad.
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