Cristina Fontenele
Adital
El informe "Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada” revela las graves violaciones que ocurren en el país contra personas u organizaciones de defensa de los derechos humanos. Difundido por el Comité Cerezo México, por Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (Acuddeh - AC) y por la Campaña Nacional contra el Desaparición Forzada, la publicación abarca el período de junio de 2014 a mayo de 2015. El objetivo del estudio es denunciar las violaciones cometidas contra los/las defensores/as de derechos humanos y fortalecer el trabajo de las organizaciones, además de permitir que continúen prestando su contribución en la lucha por justicia y reparación.
Se registraron un total de 860 violaciones, entre agresiones, persecución, amenazas, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. En el estudio se concluye que hubo un aumento de casos si se compara con las 675 en el mismo período del año anterior. El Estado de Guerrero es el mayor en número de violaciones, con 202 casos, seguido del Distrito Federal (140), Chiapas (64) y Oaxaca (55).
Agresiones, ataques y persecuciones sumaron 330 casos, un aumento de 618 % en relación con los 204 casos del año anterior. Fueron 488 eventos, afectando a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. De acuerdo con el informe, las violaciones son operadas con el uso coordinado de grupos militares y de fuerzas oficiales del Estado, que continúan recurriendo al terror como forma de control de la población, en especial de los movimientos sociales.
En ese contexto, se verificó que los medios de comunicación han propagado campañas de "estigmatización” y "criminalización” de los defensores de derechos humanos, creando una especie de "enemigo interno de la nación”. Al mismo tiempo que silencian las graves violaciones cometidas por el gobierno. Esta estrategia de control, conforme señala el estudio, apunta a promover una "limpieza social” y convencer a la población de que los defensores de derechos humanos son un "riesgo para el progreso del país”.
Detenciones arbitrarias
Se registraron 459 detenciones arbitrarias en México, 47 más que en el período pasado, cuando el informe anterior documentó 412 casos. De éstos, en 70 casos, familiares y organizaciones denunciaron la utilización de la tortura y tratamientos crueles e inhumanos. El 31 de mayo de este año, 224 personas estaban privadas de libertad por razones políticas, incluyendo las detenidas desde 1997, con 18 años ya de estar recluidas.
Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados donde más ocurren casos de detención arbitraria y detenciones por motivos políticos. Guerrero ocupa la primera posición, no por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, sino por la lucha de profesores, que ya generó más de 100 detenciones.
El porcentaje de indígenas detenidos arbitrariamente representa el 46% del total registrado, el doble del período anterior. En el informe se señala también el interés político del Estado mexicano, en los ámbitos federal y estadual, de aprobar leyes que restringen el derecho humano a la protesta.
Ejecución Extrajudicial
La población indígena representa el 50% de las víctimas del total general de casos y Guerrero es, nuevamente, el estado con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 47 ejecuciones, 22 de las cuales están dentro del período investigado en el informe.
La ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado cometen la privación ilegítima de la vida, sea en forma directa o indirecta, caracterizándose como un homicidio doloso.
Desaparición forzada
Utilizado por el actual gobierno mexicano como un mecanismo de represión contra la disidencia política y de control social y territorial, la desaparición forzada fue registrada en 14 estados del país. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Estado de México lideran las estadísticas. 52 defensores de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada en el período estudiado. Si se suman a las 29 víctimas de los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, ya totalizan 81 personas victimadas.
De acuerdo con el informe, la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social son las estrategias para la práctica de la desaparición forzada, contribuyendo para que el Estado no reconozca su responsabilidad. Además, en el estudio se destacan los efectos negativos de la represión política, como el pánico, el terror, la inseguridad, la hipervigilancia y la sensación de vulnerabilidad. Son cuestiones psicológicas que pueden dañar la vida de los/las defensores/as de derechos humanos, influenciándolos para abandonar sus actividades y vivir bajo la culpa y la frustración.
Entre las recomendaciones, en el informe se señala la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras, para que cese la "impunidad imperante”. El Estado debe también, en todos sus niveles y poderes, emprender una campaña masiva que legitime el trabajo de los/las defensores/as de derechos humanos y abolir leyes e iniciativas que penalizan este tipo de lucha.
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La desaparición forzada en México es una política de Estado
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| La forma más utilizada de violación a los defensores de derechos humanos es la persecución, incluyendo el acercamiento físico con el objetivo de causar mayor impacto sobre las víctimas. |
Se registraron un total de 860 violaciones, entre agresiones, persecución, amenazas, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. En el estudio se concluye que hubo un aumento de casos si se compara con las 675 en el mismo período del año anterior. El Estado de Guerrero es el mayor en número de violaciones, con 202 casos, seguido del Distrito Federal (140), Chiapas (64) y Oaxaca (55).
Agresiones, ataques y persecuciones sumaron 330 casos, un aumento de 618 % en relación con los 204 casos del año anterior. Fueron 488 eventos, afectando a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. De acuerdo con el informe, las violaciones son operadas con el uso coordinado de grupos militares y de fuerzas oficiales del Estado, que continúan recurriendo al terror como forma de control de la población, en especial de los movimientos sociales.
En ese contexto, se verificó que los medios de comunicación han propagado campañas de "estigmatización” y "criminalización” de los defensores de derechos humanos, creando una especie de "enemigo interno de la nación”. Al mismo tiempo que silencian las graves violaciones cometidas por el gobierno. Esta estrategia de control, conforme señala el estudio, apunta a promover una "limpieza social” y convencer a la población de que los defensores de derechos humanos son un "riesgo para el progreso del país”.
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| El informe tiene por objetivo denunciar las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos para fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en la lucha por justicia y reparación. |
Detenciones arbitrarias
Se registraron 459 detenciones arbitrarias en México, 47 más que en el período pasado, cuando el informe anterior documentó 412 casos. De éstos, en 70 casos, familiares y organizaciones denunciaron la utilización de la tortura y tratamientos crueles e inhumanos. El 31 de mayo de este año, 224 personas estaban privadas de libertad por razones políticas, incluyendo las detenidas desde 1997, con 18 años ya de estar recluidas.
Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados donde más ocurren casos de detención arbitraria y detenciones por motivos políticos. Guerrero ocupa la primera posición, no por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, sino por la lucha de profesores, que ya generó más de 100 detenciones.
El porcentaje de indígenas detenidos arbitrariamente representa el 46% del total registrado, el doble del período anterior. En el informe se señala también el interés político del Estado mexicano, en los ámbitos federal y estadual, de aprobar leyes que restringen el derecho humano a la protesta.
Ejecución Extrajudicial
La población indígena representa el 50% de las víctimas del total general de casos y Guerrero es, nuevamente, el estado con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 47 ejecuciones, 22 de las cuales están dentro del período investigado en el informe.
La ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado cometen la privación ilegítima de la vida, sea en forma directa o indirecta, caracterizándose como un homicidio doloso.
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| Perpetradores de la desaparición forzada. |
Desaparición forzada
Utilizado por el actual gobierno mexicano como un mecanismo de represión contra la disidencia política y de control social y territorial, la desaparición forzada fue registrada en 14 estados del país. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Estado de México lideran las estadísticas. 52 defensores de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada en el período estudiado. Si se suman a las 29 víctimas de los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, ya totalizan 81 personas victimadas.
De acuerdo con el informe, la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social son las estrategias para la práctica de la desaparición forzada, contribuyendo para que el Estado no reconozca su responsabilidad. Además, en el estudio se destacan los efectos negativos de la represión política, como el pánico, el terror, la inseguridad, la hipervigilancia y la sensación de vulnerabilidad. Son cuestiones psicológicas que pueden dañar la vida de los/las defensores/as de derechos humanos, influenciándolos para abandonar sus actividades y vivir bajo la culpa y la frustración.
Entre las recomendaciones, en el informe se señala la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras, para que cese la "impunidad imperante”. El Estado debe también, en todos sus niveles y poderes, emprender una campaña masiva que legitime el trabajo de los/las defensores/as de derechos humanos y abolir leyes e iniciativas que penalizan este tipo de lucha.
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Cristina Fontenele
Periodista.Correo electrónico
cristina@adital.com.br
crisfonte@hotmail.com
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