A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes, el informe final del GIEI fue presentado, en él se encontraron nuevos elementos que apuntan a la ineficacia de la procuración de justicia no solo en el caso de Ayotzinapa. El informe desnuda la realidad de este gobierno: aquí las y los desaparecidos no importan, las víctimas han sido invisibilizadas y, para llamar la atención de las autoridades, es preciso exigir justicia desde otra tierra.
Molly Kate Goss. / Escuela Isidro Burgos Ayotzinapa.
Por Ángela Guerrero
Hace casi un año, los alumnos de la Escuela Isidro Burgos realizaban los preparativos para la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, momento en que fueron embestidos por autoridades de seguridad; les dispararon y, posteriormente, fueron desaparecidos 43 estudiantes.
A raíz de este hecho, se desnudaron todas aquellas “verdades históricas” que el gobierno se niega sistemáticamente a aceptar, como lo son: la corrupción que impera en el sistema político mexicano, la alta ineficacia con la que opera el sistema judicial, el fracaso rotundo en las estrategias de seguridad implementadas con el objetivo de disminuir la violencia en el país y, finalmente, el incremento de la criminalización de las protestas en los últimos años.
Frente a estas verdades, familiares y estudiantes, no solo han tenido que emprender una lucha para que el gobierno mexicano realice la búsqueda responsable de sus desaparecidos, también se movilizan para legitimar su exigencias y mantener la desaparición de los estudiantes en la memoria de la sociedad mexicana.
Para lograrlo, arropados por algunas organizaciones de la sociedad civil, decidieron salir del país a pedir apoyo a organismos internacionales, colectivos de otras latitudes y a la sociedad en general para exigir justicia en el caso. Es decir, se decidió conjuntar esfuerzos nacionales e internacionales para presionar al gobierno desde fuera y no desde dentro.
Con el paso del tiempo, dicha estrategia ha rendido frutos y se logró que el gobierno mexicano y los familiares solicitaran en conjunto la ayuda de expertos internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que un grupo de peritos independientes investigara lo ocurrido en Iguala. Así, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se acordó que trabajarían durante seis meses para reconstruir la investigación y dar recomendaciones puntuales al Estado.
Al poco tiempo de iniciar labores, el trabajo del GIEI empezó a tener resultados significativos en el caso y, a partir de los informes realizados, se pudo reunir nuevas declaraciones de los normalistas que fueron testigos de los hechos. También se retomó el lazo de comunicación entre la PGR y los familiares de los normalistas desaparecidos y se hallaron nuevos elementos clave de investigación.[1]
Como bien menciona Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de no haberse conformado el GIEI, se habría aceptado la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam, la búsqueda de los estudiantes se hubiera suspendido, no habría información para abrir nuevas líneas de investigación o ampliar las ya existentes y la atención a las víctimas hubiera sido aún más restringida.[2]
Así, el informe final del GIEI fue presentado el 6 de septiembre. En él se encontraron nuevos elementos que apuntan a la ineficacia de la procuración de justicia incluso más allá del caso de Ayotzinapa. El informe desnuda la realidad de este gobierno: aquí las y los desaparecidos no importan, las víctimas han sido invisibilizadas y, para llamar la atención de las autoridades, es preciso exigir justicia desde otra tierra.
Además de ello, en el informe se recomienda al gobierno mexicano tener un registro único nacional de personas desaparecidas y diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas, de oficio implementado por el Estado, para que sea ejecutado de forma inmediata y sin dilaciones indebidas.
Si bien las autoridades aceptaron las recomendaciones, falta un largo camino por recorrer para lograr que Ayotzinapa sea tierra de justicia y no de desaparición. Nuevamente estamos a la espera de que las autoridades hagan lo necesario para que las medidas recomendadas por el GIEI sean una realidad. Esperemos que, en esta ocasión, se actúe conforme a lo acordado en tiempo y forma y los discursos no sean una estrategia política más para desinhibir las protestas y deslegitimar las movilizaciones por los 43 estudiantes desaparecidos.
Conoce más de La partitura del gran garrote
[1] Para más información al respecto, consultar: http://www.tlachinollan.org/comunicado-giei-ayotzinapa-avances-y-pendientes/
[2]Patrón Mario, “Cómo sería el caso Ayotzinapa sin el grupo interdisciplinario de Expertos Independientes”, Horizontal, México: http://horizontal.mx/como-seria-el-caso-ayotzinapa-sin-el-grupo-interdisciplinario-de-expertos-independientes/#sthash.30UMl8vE.dpuf (Consultado el 14 de Septiembre de 2015)
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