El pasado 10 de octubre fue asesinado por sicarios, en el municipio de Acacias el abogado Ricardo Rodriguez Cajamarca, conocido por defender personas de sectores sociales vulnerables y denunciar detenciones masivas y judicializaciones a partir de montajes a campesinos, realizados por el Ejercito, la Fiscalía y otros organismos de inteligencia del Estado colombiano.
Ricardo había apoyado a comunidades campesinas para que denunciaran los empadronamientos y amenazas que realiza el Ejército Nacional. Fue Personero de La Uribe en dos periodos, durante los cuales declaró en numerosos procesos judiciales que adelantaba la Fiscalía contra campesinos acusados de rebelión, desplazamiento forzado y terrorismo; Ricardo intentaba demostrar que los falsos testigos acusadores de la Fiscalía General de la Nación conforman un cartel de informantes a sueldo, al servicio de las Fuerzas Militares.
Como personero y defensor de derechos humanos, Ricardo Rodriguez Cajamarca hizo fuertes denuncias ante la comunidad nacional e internacional sobre asesinatos, desapariciones y judicialización de campesinos a manos de la fuerza pública. También denunció la estigmatización de la que son objeto los campesinos que viven en regiones con presencia de las Farc.
"Era un hombre demasiado humano, sufría al observar el panorama desolador de miseria y hambre que soporta el pueblo colombiano y particularmente los niños; rechazaba todo acto de corrupción y desplazamiento forzado". Afirmó el abogado Rodolfo Ríos Lozano, compañero de trabajo de Ricardo. (...) "Quienes conocimos a Ricardo, sabíamos que él sólo tenía enemistades con quienes denunció por crímenes y persecuciones contra la población civil, particularmente contra campesinos del municipio de La Uribe y el corregimiento de La Julia en el departamento del Meta, falsamente acusados de ser guerrilleros y colaboradores de la insurgencia, por lo tanto no vacilamos en afirmar, que su asesinato es un crimen de Estado cometido por elementos militaristas al servicio de las fuerzas oscuras".
Finalmente el abogado Ríos responsabilizó al gobierno de Juan Manuel Santos por este homicidio.
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