La reiteración de la tragedia frente a las costas de Lampedusa ha venido a añadir más presión a la UE para que intente buscar una solución al problema de la inmigración ilegal por mar y su reguero de muertes. Más allá de la retórica, no siempre insincera, de los países receptores, nadie sabe qué hacer realmente. De hecho, estos naufragios devastadores han llegado en un momento en el que la Unión Europea creía haber encontrado una fórmula más o menos eficaz para reducir sustancialmente el problema: la cooperación con los países de la ribera sur del Mediterráneo. Es una solución no exenta de dilemas morales, porque en el fondo se trata de sobornar a Estados poco democráticos para que hagan de policía para Europa. Pero el hecho es que, incluso con el caos introducido por las revueltas árabes, el flujo de inmigrantes se redujo más de la mitad el año pasado. Más llamativo aún fue el descenso de llegadas a Italia, un 82 % según Frontex, la agencia europea de inmigración.
¿Cómo encajan en este cuadro, entonces, las tragedias de Lampedusa? Para entenderlo es necesario tener en cuenta que las víctimas de los dos barcos naufragados no eran inmigrantes económicos, sino refugiados políticos. Los de la semana pasada eran casi todos eritreos que huían de la asfixiante dictadura de su país. Salen unos cinco mil al mes y su ruta predilecta, a través del Sinaí, es ahora impracticable a causa de la criminalidad de los beduinos y la política israelí de deportaciones. Eso les hace recurrir a la ruta marítima a Lampedusa. La paradoja es que, precisamente porque Frontex ha logrado debilitarlos, los contrabandistas son ahora más ineficientes y los viajes más peligrosos. El segundo barco naufragado, el del viernes, también llevaba refugiados: sirios y palestinos que huyen no solo de los conflictos de sus países, sino más inmediatamente de la dictadura militar egipcia, que los ha convertido en chivos expiatorios como supuesta quinta columna de los islamistas.
Es decir, que no estamos ante un simple problema de emigración ilegal, sino ante una crisis de refugiados. Aquí las medidas disuasorias no son eficaces porque el incentivo del refugiado es mucho mayor que el del inmigrante económico. El instrumento adecuado no sería, quizás, el plan Eurosur de vigilancia marítima que se debate estos días en la UE, sino la Convención de Dublín del 2003, que regula el derecho de asilo en Europa. Los países del sur se quejan reiteradamente, y con razón, de que las disposiciones de la UE les perjudican, porque hacen responsable del refugiado al país de entrada. Pero, además, la convención dificulta la solicitud legítima de asilo. El año pasado se aprobaron unas cien mil y, aunque esto supone un incremento respecto al 2011, siguen siendo cifras claramente bajas para una comunidad de más de quinientos millones de personas. El problema está en las aguas de Lampedusa, pero la solución, si la hay, está más cerca de los despachos de Bruselas.
El mundo entre líneas
Miguel.A Murado
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