miércoles, 2 de octubre de 2013

Tribunal Supremo abre “diligencias” para una posible ilegalización de la ultraderechista Alianza Nacional a instancias de IU

 

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El diputado de IU y portavoz parlamentario de Justicia, Gaspar Llamazares, recibe esta respuesta por escrito por parte del fiscal de sala de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal, Pedro Crespo, tras la carta enviada al fiscal general del Estado después de los graves incidentes del centro cultural Blanquerna
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto ‘diligencias informativas preprocesales’ para decidir si promueve la ilegalización del partido ultraderechista Alianza Nacional, formación a la que pertenecen algunas de las personas que participaron el pasado 11 de septiembre en el asalto al centro cultural Blanquerna, sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid.
El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, ha sido el encargado de facilitar hoy este dato en declaraciones a los periodistas en el Congreso tras la carta que recibió ayer de Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Supremo.
El representante del Ministerio Público informa al parlamentario asturiano de IU en su misiva que “por la presente le acuso recibo de su escrito de 12 de septiembre en el que se pide la apertura de un procedimiento de declaración del partido político ‘Alianza Nacional’ como asociación ilícita, habiendo tenido entrada en esta Sección de lo Contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo el 17 de septiembre del 2013, y en relación con dicha solicitud comunico a V.E. que se han incoado Diligencias Informativas Preprocesales al efecto, quedando registradas con el número 2/13 de esta Fiscalía”.
Esta actuación se produce tras la carta que Llamazares remitió el pasado 12 de septiembre al fiscal general del Estado, Eduardo Torre-Dulce. En la misma, tras hacer un recordatorio de los graves hechos ocurridos el día anterior en Blanquerna y hacer referencia a otros antecedentes referidos a este grupo ultraderechista, insta a la Fiscalía a:
1.      Defender el interés general velando por la sanción pertinente a los autores del asalto al Centre Cultural Blanquerna por los delitos y circunstancias agravantes contemplados en los artículos 22.4, 501.1 y 515.5 del Código Penal.
2.      Abrir un procedimiento de declaración del partido político ‘Alianza Nacional’ como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución.
Con notable diligencia, apenas cuatro días después, Torres Dulce contestó por escrito a Llamazares señalando que “pongo en su conocimiento que la Fiscalía ejercerá las acciones penales pertinentes en las diligencias que, como usted sabe, ya se han incoado por los hechos acaecidos en el Centre Cultural Blanquerna.
Además, el fiscal general del Estado explica que, en relación al segundo punto, “le comunico que con esta misma fecha doy traslado de su escrito al Fiscal de Sala de lo Contencioso Administrativo, competente para el estudio de la materia”.
Gaspar Llamazares aseguró hoy que Izquierda Unida aportará a la Fiscalía, si así se le solicita, “toda la documentación que le sea posible para que las diligencias sigan adelante. Algo habrá visto el fiscal para abrir diligencias”.
A su juicio, el responsable parlamentario de Justicia de IU valoró que los “partidos neonazis españoles son muy parecidos” a la formación griega Amanecer Dorado, cuya cúpula acaba de ser detenida y se enfrenta a una acusación de pertenencia a banda criminal.
Para Llamazares, estas similitudes que alega entre la ultraderecha de nuestro país y la formación griega pueden verse “en sus fuentes de financiación, redes internacionales, su funcionamiento cuasi militar y su relación con las ‘cañerías’ del Estado”.
Argumentó que en España “no basta con prevenir, antes de lamentar” las actuaciones de estos grupos sino que también hay que actuar a posteriori debido a que “tienen a sus espaldas miles de acciones directas” contra colectivos como los inmigrantes. “Son grupos de violencia organizada por eso hay que usar el Código Penal contra esta organización política”, dijo.
Lamentó también que formaciones de estas características utilicen la crisis económica “como caldo de cultivo” para sus intereses y aprovechen “debates políticos legítimos” como el que tiene lugar sobre la consulta catalana sobre la independencia “para sus objetivos violentos”.

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