Lo que no han logrado ni los ilegales señalamientos públicos del Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o ganaderos; lo que no pudo hacer Álvaro Uribe Vélez en 8 años de mal gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia de la Corte Constitucional que falle sobre la constitucionalidad de los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 de 1994, que han dado vida jurídica a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), y que hoy se encuentran demandados por su presunta inconstitucionalidad.
Un fallo de la Corte Constitucional que declare a estos artículos como contrarios al régimen constitucional, dejaría sin piso jurídico un instrumento legal en el que millones de campesinas y campesinos han encontrado la posibilidad de materializar sus históricas exigencias de reconocimiento a su territorialidad, de justicia social, de sus derechos culturales, políticos, económicos y sociales, y en el que el país tiene una posibilidad de gestión sostenible de las áreas rurales hasta ahora en abandono.
La acción fue presentada por el ciudadano Edwar Álvarez Vacca, quién es un reconocido “gerente” de temas ambientales y étnicos, un aliado del Uribismo en sus intervenciones en la Sierra Nevada y antes que nada, alguien a quién el mismo Álvaro Uribe le está inmensamente “agradecido”. El señor Álvarez ha fungido como activista político desde hace varias décadas, sin embargo, durante el gobierno Uribe se destacó por su trabajo mancomunado con el delfín conservador Luis Eduardo Hoyos, en particular cuando el señor Álvarez fue designado como el “Gerente del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Acción Social.” Ver Agradecimientos de Álvaro Uribe a Edwar Álvarez
Con la demanda de inconstitucionalidad contra las Zonas de Reserva Campesina, los sectores políticos y económicos aferrados violentamente a la concentración de la tierra y en general a la injusticia que los favorece, pretenden lograr lo que ni el mismo presidente del Ubérrimo logró mediante falsos positivos, montajes judiciales entre otras maniobras represivas: desaparecer una de las pocas herramientas de reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace al campesinado luchando a través de la movilización campesina. Esta demanda se une a los fieros intentos de quebrar los escasos frenos legales al latifundio, como el proyecto de ley que permite la acumulación de baldíos, que con júbilo recientemente el agroempresario y acaparador de tierras, Ministro de Agricultura, anuncia convocando a sus colegas a unirse a defender sus privilegios.Ver Proyecto de Ley sobre baldíos que permitirá la acumulación de “UAF”
La acción pública tiene como fundamento la falta de consulta previa a comunidades indígenas. Argumento que no sólo desconoce la materialidad de los acuerdos interculturales en los territorios, sino que reproduce la idea de que los campesinos colonos, desplazados de los valles interandinos por la violencia latifundista, son una amenaza para los pueblos indígenas del país. A la fecha la Corte Constitucional no ha invitado formalmente a participar en el debate jurídico a ninguna organización campesina, tampoco ha sido convocada la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Ahora, después de siglos de violencia y persecución a las clases campesinas, después de décadas de terror de Estado contra el campesinado, después de 8 años de persecución mafiosa desde el Palacio de Nariño a las ZRC, no es de extrañar que los poderosos ataquen al pueblo Colombiano. Lo que si nos ha causado extrañeza, es el hecho de que líderes indígenas como Luis Fernando Arias, quién actualmente funge como presidente y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- hayan coadyuvado la petición del “ex-gerente” Álvarez, y que peor aún, hayan corroborado la tesis de que, el campesinado que pide vida digna, que pide que se le reconozcan sus derechos, que pide que se le reconozca su identidad y sobre todo, que exige limitaciones al latifundio, es una “amenaza” para los pueblos indígenas.
Esta intervención causa especial extrañeza, teniendo en cuenta que la ONIC manifestó su solidaridad con la movilización del campesinado del Catatumbo, que en meses pasados, exigió la constitución de una ZRC en la región. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la posición de la ONIC frente al campesinado? Esperamos abrir espacios de diálogo que permitan avanzar en la propuesta de múltiples territorialidades interculturales que recojan a indígenas, afro-descendientes y campesinos. Ver Comunicado ONIC en solidaridad con campesinos del Catatumbo
Por ende, queremos hacer una invitación fraternal a:
Los pueblos, comunidades, organizaciones y dirigentes indígenas, para que no reproduzcamos la división a favor de los terratenientes, para que no hagamos eco de las visiones disminuidas de unos u otros; al fin y al cabo, todos y todas, indígenas y campesinos, hemos sido y seremos los hermanos, hermanas; guardianes de la soberanía alimentaria de la nación, de la conservación ambiental de los territorios, de la diversidad económica y cultural de nuestra América. Hermanémonos en nuestras luchas contra el latifundismo unidimensional capitalista, hermanémonos en la construcción de múltiples modelos de territorialidad intercultural, hermanémonos en la resistencia. A los campesinos, campesinas y simpatizantes de la figura de la ZRC, para que nos demos cita en la defensa de la ZRC, para que construyamos caminos de unidad intercultural y para que nos manifestemos en un plantón en la Corte Constitucional el día viernes 4 de octubre desde las 11 de la mañana. A la Corte Constitucional, para que reconozca, respete y coadyuve los distintos procesos de construcción de paz desde el campesinado, para que se sume a la defensa de los principios constitucionales de la diversidad cultural y a que reconozca que esta es más que la reproducción del indigenismo arqueológico que disminuye a nuestras comunidades indígenas y que crea conflictos en los territorios donde antes habían lazos de hermandad intercultural.
Marcha Patriótica
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