La Constitución establece que los internos en cárceles tienen derecho a un empleo remunerado, lo que anima a muchas empresas a contratarlos por salarios miserables
Cincuenta céntimos por hora trabajada, un ejemplo de “clara explotación laboral”. La denuncia parte de Francisco Hervás, presidente de Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), quien cifra en medio euro la cantidad que, en ocasiones, cobran los más de 12.000 presos que trabajan en las cárceles españolas. Según sus cálculos, lo habitual es que los reos sumen un sueldo mensual de entre 80 y 300 euros por trabajar entre rejas. Esta remuneración se estipula a partir de un Real Decreto de 2001 en el que se toma como referencia el salario mínimo interprofesional pero vinculando el cálculo al número de horas trabajadas y a la productividad del preso. Algo difícil de concretar, ya que los reclusos “no tienen control sobre las piezas que realizan, por lo que no pueden saber lo que cobran por cada una y si se ajusta a su verdadera labor”, apunta Valentín Aguilar, también de APDHA.
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