ECONOMÍA
Serán susceptibles de expropiación aquellas extensiones agrarias que lleven dos años sin ser trabajadas o cuya explotación genere daños medioambientales
Las expropiaciones se iniciarán a propuesta de los municipios.
Izquierda Unida plantea la aprobación de un decreto-ley de patrimonio agrario andaluz, que incluye la creación del banco público de tierras y la expropiación de fincas que incumplan la función social de la propiedad y lleven sin explotarse dos años, como mínimo, siendo susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal, y también de aquellas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos.
Así se recoge en el borrador del citado decreto, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por IU conjuntamente con organizaciones sociales y sindicales. Dicha iniciativa será debatida este domingo en unas jornadas que la federación de izquierdas celebrará en Antequera (Málaga) sobre el banco público de tierras y en la que también participarán las organizaciones sociales y sindicales, como Ecologistas en Acción, SAT o COAG.
En lo que se refiere a las expropiaciones, IU plantea en dicho borrador que este proceso se iniciará a propuesta de los municipios afectados u organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la finca y tras informe técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Asimismo, podrán ser objeto de un proceso de expropiación aquellas fincas o explotaciones agrarias en las que se constate de modo objetivo que su modo de explotación generara “graves daños ecológicos” al medio ambiente circundante o al resto de explotaciones limítrofes, o pudiera afectar de modo grave a la salud de los habitantes de la comarca, a propuesta de los municipios afectados u organizaciones sociales y tras informe técnico de la Consejería.
Además, en aquellas comarcas en las que por causa de interés social manifiesto y en aras de dar una respuesta urgente a problemas de “desempleo generalizado”, la Junta podrá iniciar procesos expropiatorios de fincas rústicas para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz en el marco de la legislación estatal sobre expropiaciones.
Si bien, la declaración de emergencia social se acordará mediante decreto del Consejo de Gobierno, tras haber oído a los municipios afectados, así como a las organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la expropiación.
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA
En el mencionado decreto se apunta que la presente ley tiene como objeto el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria, aportando medios a la consecución de la soberanía alimentaria en la Comunidad, en consonancia con el desarrollo de una economía sostenible dentro de un orden económico y social justo, en el marco de la función social de la propiedad, en el marco de la Constitución y de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía.
Según se precisa en el texto, el patrimonio agrario andaluz está compuesto por las fincas destinadas a usos agrícolas y ganaderos que forman parte del patrimonio de la Junta, así como por aquellas que, siendo susceptibles de dichos usos, le sean cedidas a la Junta por el Estado, ayuntamientos y diputaciones u otros organismos públicos o propietarios privados.
IULV-CA asegura que Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, de las cuales alrededor de 10.000 pueden ser utilizadas con fines agrícolas. En este sentido, la formación propone hacer un estudio sobre las actividades idóneas a desarrollar en el resto de hectáreas, promoviendo en su caso actividades que podrían poner en uso estas tierras y crear empleo.
En el borrador del decreto-ley se recoge que la Junta ejercerá el derecho de tanteo y de retracto en aquellas fincas rústicas mayores de 250 hectáreas en secano y 30 hectáreas en regadío, que situadas en Andalucía sean objeto de subasta judicial; y que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural generará un inventario de fincas rústicas incluidas en el patrimonio agrario andaluz.
0,4% DEL PRESUPUESTO DE JUNTA PARA RESCATE DE FINCAS
Otro de los aspectos que se incluyen es el incremento del patrimonio agrícola andaluz, aportando anualmente el 0,40 por ciento de su presupuesto para el rescate de fincas susceptibles de ser destinadas al cumplimiento de los objetivos de esta ley, creándose el fondo andaluz antilatifundista.
En lo que se refiere a la “concesión de fincas”, las personas o cooperativas beneficiarias que opten por la cesión de tierras procedentes del Patrimonio Agrario Andaluz, presentarán un proyecto económico y social que en todo caso conllevará tanto la renuncia a la utilización de semillas tratadas genéticamente como a la realización de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, comprometiéndose los beneficiarios a que en el plazo de cinco años al menos el 60 por ciento de la explotación obtendrá la certificación de agricultura ecológica.
Según plantea IULV-CA, los contratos de cesión de tierras incluidas en el inventario del Patrimonio Agrario Andaluz tendrán una duración mínima de 25 años renovables. La cesión la concederá la Consejería competente, sin perjuicio de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente para el desarrollo de la actividad agrícola.
CONTRIBUCIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS
La concesión de tierras incluidas en el inventario del Patrimonio Agrario Andaluz, cuando sean cedidas a Cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro, no conllevará el pago de una tasas por el usufructo de la misma, quedando los beneficiarios obligados a abonar los impuestos derivados de su condición de cooperativas además de las tasas, impuestos o exacciones con los que este gravada la finca.
La concesión de tierras incluidas en el inventario del Patrimonio Agrario Andaluz conllevará la obligación de realizar contribuciones sociales y solidarias siguientes. En concreto, un cinco por ciento del beneficio total obtenido en la explotación, en cálculo anual, destinado al fondo andaluz antilatifundista; y un uno por ciento de los ingresos totales obtenidos en la explotación, en cálculo anual, destinado a la solidaridad internacional y al apoyo de otros proyectos cooperativos locales.
De igual modo, el incumplimiento a la función social o los relacionados con el medioambiente que son inherentes a la cesión de tierras procedentes del Patrimonio Agrario Andaluz, tras la apertura de un expediente contradictorio, podrá concluir en la retirada de la concesión.
SANCIONES Y RETIRADA DE LA CESIÓN DE TIERRAS
Tanto en los tribunales que se establezcan para la concesión de las fincas, como para la evaluación de posibles incumplimientos de las condiciones de concesión fijadas, se dará participación al Consejo de Cooperativas, a los municipios afectados y a las organizaciones agrarias, ambientales, sociales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la finca.
También se recogen posibles sanciones de hasta 6.000 euros por el incumplimiento de la función social de la concesión, la no presentación de las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas para su fiscalización o el cultivo de especies no enmarcadas dentro del proyecto aprobado, entre otras cuestiones.
Asimismo, según se plantea en el borrador del decreto-ley la Junta impulsará la creación de un banco de semillas y de un parque de maquinaria agrícola al que podrán acceder las personas beneficiarias de tierras procedentes del Patrimonio Agrario Andaluz, quienes también podrán contar con líneas de crédito ofertadas por la institución de crédito público.
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