Con la llegada de Susana Díaz a la presidencia de la Junta, los compromisos electorales de IU recogidos en el pacto de Gobierno con el PSOE empiezan a caerse como fichas de dominó. No entran en la agenda política del nuevo Ejecutivo...
Primero la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, garantizó que no habrá nuevos impuestos en los Presupuestos autonómicos de 2014, descartando de plano la tasa a las grandes superficies comerciales o cualquier otro tipo de impuesto ecológico, como pretende IU. Y anteayer la nueva titular de Agricultura, Elena Víboras, dio un sonoro portazo al proyecto del banco público de tierras, apenas dos días después de que la federación de izquierdas hiciera público un borrador que recoge las medidas para un futuro decreto ley que la federación de izquierdas quiere aprobar antes de final de año.
Víboras dejó claro ayer que la apuesta lanzada en el discurso de investidura por la presidenta Díaz es crear un “observatorio” para hacer un diagnóstico de la situación de las tierras sin cultivar que hay en Andalucía, pero que no se plantea, por ahora, que la Junta gestione las hectáreas que posee sin explotar y las ponga en manos de cooperativas, ayuntamientos y parados. Esta iniciativa, que IU ha plasmado en un proyecto de ley consensuado con el sector del campo hace tres días, no está en la agenda política. Y sin embargo, la federación de izquierdas no renuncia a aprobarlo en los próximos meses, siempre que logre convencer a su socio de Gobierno.
La consejera apuntó que IU aún no ha contactado con su departamento para plantearle su proyecto de banco de tierras, si bien Agricultura ya “está trabajando, aportando todas las ideas y experiencia que tenemos” en el observatorio. Víboras insistió de forma contundente en que estos estudios pasan siempre por la propuesta del observatorio de tierras que hizo Díaz. Cualquier otra opción, reiteró, sería “un tema que debemos hablarlo, definirlo y trabajarlo, aunque ahora mismo me remito a la propuesta de la presidenta de la Junta”. IU, sin embargo, considera ya superada esa fase de diagnóstico y pretende dar un paso más.
Las cifras tampoco concuerdan, ya que mientras Víboras insiste en que la consejería “tiene ahora mismo 4.800 hectáreas en las que se están creando 5.000 jornales al año”, lo que supone “el 0,1% del total de superficie agraria útil”, IU multiplica esta cifra. La coalición estima que 20.000 hectáreas cumplirían los requisitos para ser expropiadas, de las que 10.000 serían cultivables. Son las tierras del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria, IARA, desaparecido en 2011. Para los terrenos forestales, no cultivables, el bosquejo de IU también contempla líneas de aprovechamiento y generación de puestos de trabajo.
La iniciativa que plantea IU no se limita a abrir nuevas vías para generar empleo, con el cultivo de las tierras propiedad de la Junta que estén sin uso y planteando incluso la expropiación de terrenos privados que no estén siendo aprovechados, sino que pretende ser además el germen de un nuevo modelo productivo.
Por eso los agricultores tendrían que comprometerse con una agricultura sostenible, renunciando al uso de las semillas modificadas genéticamente o al cultivo de productos destinados a transformarse en biocombustibles, y apostando en cambio por productos vinculados a las características agrícolas de la zona y destinados a los mercados locales. En el plazo de cinco años, al menos el 60% los cultivos deberían haber obtenido la certificación de agricultura ecológica.
El modelo de gestión se basaría en cooperativas agrarias que obtendrían la cesión del uso de las tierras por parte de la Junta o a través de convenios con los Ayuntamientos. Los adjudicatarios recibirían un salario fruto de los beneficios de explotación de los terrenos.
KAOS
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