El ministerio público ha actuado desde la llegada de Rajoy al Gobierno en beneficio de los principales imputados y contra el criterio de los jueces instructores en algunos de los mayores escándalos polítiticos españoles.
La infanta Cristina, Miguel Blesa, el PP en la Gürtel, la mujer del presidente madrileño, Ignacio González, o algunos altos responsables de Convergència se han beneficiado de las gestiones de Anticorrupción.
El Consejo Fiscal ratificó a Antonio Salinas como máximo responsable del servicio el 16 de diciembre tras diez años en el cargo, aunque el Gobierno de Aznar obligó a jubilarse a su predecesor, Carlos Jiménez Villarejo.
Ya no es una garantía. Hasta hace poco más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervenía como acusación en cualquier procedimiento, sólo cabían dos lecturas: el procesado había perdido el favor del aparato del Estado que, además, necesitaba que las diligencias llegaran hasta el final. No siempre recibía autorización para intervenir, pero cuando lo hacía asumía la condición de implacable perro de presa.
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